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En su informe Human Rights Watch exige una reforma policial en Colombia

Piden que la Policía se separe del Ministerio de Defensa y que los uniformados puedan ser juzgados a través de la justicia ordinaria.
Foto: Colprensa

El informe más reciente de Human Rights Watch reveló que, en el marco del Paro Nacional, la Policía habría asesinado a 20 manifestantes, de los cuales 16 murieron por heridas provocadas con municiones letales disparadas por arma de fuego, uno como consecuencia de una golpiza y otros tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras.

Por este motivo, la organización señaló que las violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública no son acciones aisladas de algunos agentes indisciplinados, sino es el resultado de un problema estructural profundo de la institución.

“Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”, manifestó el director de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco.

De acuerdo con la ONG, se han recibido 68 denuncias sobre muertes ocurridas durante el Paro Nacional y se han corroborado que 34 de estos decesos se presentaron en el contexto de las protestas, entre ellos dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes. También, documentó que, por lo menos cinco de estos asesinatos fueron cometidos por civiles armados.

“Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes (…) Deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares”, detalló el informe.

Entre los hallazgos de Human Rights Watch se encontró que 1.100 manifestantes han sufrido heridas desde el 28 de abril, aunque advirtió que pueden ser más las víctimas. Develó que nueve personas han padecido lesiones oculares graves, a raíz de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios.

Además, la organización documentó 17 golpizas violentas cometidas por la fuerza pública, dos casos de violencia sexual por parte de miembros de la Policía contra manifestantes, 419 desapariciones y múltiples detenciones arbitrarias bajo el instrumento legal de “traslado por protección”.

Por otra parte, el reporte también indicó que más de 1.200 policías resultaron heridos, de los cuales 192 tienen lesiones de gravedad. Según el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, 20 uniformados fueron atacados por arma de fuego y una agente fue abusada sexualmente mientras vandalizaban una estación policial en Cali.

“Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados”, describió el informe.

Vivanco condenó los ataques en contra de miembros de la Policía y los cierres de vías que impidieron el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como el traslado de ambulancias, pero sostuvo que esto no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos de la ciudadanía.

“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, expresó.

Así las cosas, la ONG solicitó la construcción de una reforma policial en la que se tengan en cuenta dos aspectos fundamentalmente: la separación entre la Policía y las Fuerzas Armadas, considerando que ambas dependen del Ministerio de Defensa y que el Ejército se prepara para combatir en contextos militares y no civiles; y la transformación del sistema jurídico colombiano, con el propósito de que miembros de la fuerza pública que incurran en delitos puedan ser juzgados por la justicia ordinaria en lugar de la Justicia Penal Militar.

“Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos”, reseñó el reporte.

Según Human Rights Watch, las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para transformar la Policía, como es el caso de la reforma al sistema disciplinario, podrían funcionar siempre y cuando se implementen de manera adecuada. Sin embargo, advirtió que no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia para los abusos.

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