Defensa de Álvaro Uribe busca tumbar su condena de 12 años: estos son sus argumentos
El Tribunal Superior de Bogotá debe resolver si acumula las tutelas relacionadas con el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Si se aprueba la acumulación, se determinará también qué magistrado asumirá el estudio y fallo de dichas acciones.
Este conflicto de reparto está actualmente en manos del magistrado Fabio Bernal, ponente del caso.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó en el último día de plazo la apelación al fallo de primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria y al pago de una multa de $3.444 millones por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El recurso, de 904 páginas, busca tumbar la condena proferida por la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, y solicita además que se declare la nulidad del juicio.
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"Vulneración a la imparcialidad judicial"
El equipo jurídico argumenta que hubo vulneración a la imparcialidad judicial desde el inicio del proceso y que se incumplió la publicidad en la lectura del fallo.
Granados insistió en que Uribe debería recuperar su libertad mientras se resuelve la segunda instancia, alegando que no hay necesidad de mantener la detención domiciliaria.
El fallo de primera instancia encontró probado que Uribe, a través de su entonces abogado Diego Cadena, ofreció beneficios económicos y jurídicos a exparamilitares para que declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda.
La jueza consideró clave el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien habría sido presionado para cambiar su versión sobre presuntos vínculos de la familia Uribe con grupos armados ilegales.
La Fiscalía sustentó la acusación en seis hechos principales, siendo central la presión sobre Monsalve desde la cárcel La Picota.
Según la jueza, Cadena actuó en nombre de Uribe sin la intervención de sus abogados de confianza, ofreciendo beneficios a reclusos tanto en Colombia como en Estados Unidos.
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"Violación a derechos fundamentales"
Paralelamente, la defensa presentó una tutela para suspender la orden de captura, alegando violación a derechos fundamentales como la dignidad humana y la presunción de inocencia. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la suspensión provisional.
El 11 de agosto, el procurador delegado para el caso, Bladimir Cuadro Crespo, pidió revocar la condena, sumando respaldo a la defensa.
Con el plazo de prescripción fijado para el 8 de octubre, la Sala Penal 19 del Tribunal deberá decidir si confirma la condena o absuelve al expresidente. El fallo de segunda instancia definirá el rumbo final del proceso judicial.