Audiencia contra nueve militares por presunta tortura y homicidio en Frontino
La Justicia investiga a nueve militares del Ejército Nacional por su presunta participación en los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada, ocurridos el 7 de octubre en una base militar del municipio de Frontino, Antioquia.
Mientras el Ejército admite un “exceso en el uso de la fuerza”, la defensa de la víctima denuncia irregularidades en el levantamiento del cuerpo, una identidad confusa y la existencia de un testigo sobreviviente.
La audiencia se lleva a cabo en el Centro de Reclusión Militar (CRM) de Bello, Antioquia, donde los uniformados permanecen bajo custodia preventiva.
El caso generó controversia luego de que el presidente Gustavo Petro lo mencionara públicamente en su cuenta de X, y fuera confirmado por el Comando de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
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Según el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en la base militar “Antorcha” de Frontino, cuando los soldados retuvieron a un civil que supuestamente merodeaba el lugar, acción que no fue reportada al comandante de la unidad.
El Ejército reconoció posteriormente que hubo “exceso en el uso de la fuerza”, lo que ocasionó la muerte del individuo, y señaló que el hecho está siendo investigado de manera interna por las autoridades competentes.
Sin embargo, el abogado Álex Morales, representante de la familia de la víctima, cuestiona la versión oficial. Según sus declaraciones, la persona fallecida sería Miguel Ángel Betancur Guisao, un campesino conocido en la región, y no Esneider Flórez Manco, como figura en el reporte militar.
Morales afirma que Betancur se desplazaba en motocicleta junto a un amigo —testigo sobreviviente—, y que al asustarse por la presencia de los uniformados y devolverse, estos habrían abierto fuego, causándole la muerte.
El abogado también asegura que hubo anomalías en el manejo del cuerpo. Señala que el cadáver permaneció desaparecido durante cinco días y que fue hallado posteriormente en la morgue de Medellín, no en Frontino.
Afirma además que fue entregado a los familiares “sin vestimentas, sin elementos, sin documentos, sin absolutamente nada”, y que no se realizó un levantamiento judicial adecuado en el lugar de los hechos.
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De acuerdo con su denuncia, el Ejército habría intentado registrar la muerte como un “caído en combate”.
Morales rechaza la versión que vincula a Betancur con grupos armados y sostiene que la comunidad lo reconoce como campesino y líder local.
“Se están presentando falsos positivos en Antioquia y Chocó”, expresó el abogado, quien asegura tener documentados al menos siete casos similares en la región.
Por ahora, los nueve militares investigados continúan bajo custodia en el CRM de Bello, mientras se define si el proceso será competencia de la Justicia Ordinaria o de la Justicia Penal Militar.
Fuentes jurídicas señalan que esta última solo podría asumir el presunto delito de prevaricato, ya que los hechos relacionados con tortura y desaparición forzada “rompen el nexo causal” con el servicio militar.