Agua para La Guajira: el Gobierno impulsa histórica inversión para acciones de sostenibilidad
La política pública del Gobierno nacional para enfrentar el déficit histórico de acceso al agua en La Guajira entra en una fase de ajuste y control. Con una inversión acumulada superior a los $600.000 millones y un impacto reportado en más de 145.000 personas, el Ejecutivo busca ahora asegurar que las obras construidas no solo existan, sino que operen de manera continua y sostenible en uno de los territorios más vulnerables del país.
El balance fue presentado en Riohacha, en el marco de una jornada técnica y política liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidades que acordaron profundizar la coordinación interinstitucional para evitar que las obras ejecutadas queden sin operación efectiva.
¿Cuál es el alcance real de la inversión del Gobierno en La Guajira?
De acuerdo con el balance oficial, los recursos ejecutados superan los $600.000 millones y han permitido desarrollar infraestructura clave para ampliar la cobertura de agua en zonas urbanas y rurales del departamento. El énfasis, según el Ejecutivo, no está solo en construir, sino en asegurar que los proyectos sean sostenibles en el tiempo.
Este enfoque responde a críticas históricas sobre obras inconclusas o sin modelos claros de operación, una situación recurrente en el territorio guajiro.
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Durante el encuentro, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, y el superintendente Felipe Durán Carrón revisaron el estado de los proyectos y coincidieron en la necesidad de reforzar el control y la vigilancia sobre la ejecución de los recursos, especialmente los asociados a los Planes Departamentales de Agua (PDA).
Para el Gobierno, el acompañamiento de la Superservicios es determinante para corregir fallas administrativas y garantizar que las inversiones se traduzcan en mejoras reales en la prestación del servicio.
¿Qué ajustes jurídicos se proponen para garantizar la sostenibilidad?
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la necesidad de avanzar en un instrumento jurídico que reconozca las formas tradicionales de acceso al agua en La Guajira, como los aprovisionamientos comunitarios y las pilas públicas.
“Estas formas de organización han sido históricas en el territorio, pero no siempre encajan en el marco de la Ley 142 de servicios públicos”, explicó la viceministra Quevedo Fique, al señalar que el objetivo es adaptar la normativa a la realidad social del departamento y evitar que las infraestructuras queden por fuera del sistema formal.
¿Cómo se fortalecerá el control a los recursos de los Planes Departamentales de Agua?
Desde la Superintendencia de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón fue enfático en que el uso eficiente de los recursos es una condición política y social inaplazable. “Estamos en una vigilancia especial, junto al Viceministerio, para asegurar que estos recursos se ejecuten de manera eficiente y oportuna, porque la población de La Guajira no puede esperar”, afirmó.
El mensaje apunta a acelerar la ejecución y a cerrar espacios a posibles irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
La agenda institucional incluyó una reunión con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (ESEPGUA), en la que se evaluaron los proyectos en marcha y se avanzó en la formulación de un Plan Estratégico para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura de agua y saneamiento.
Con estos acuerdos, el Gobierno busca consolidar un modelo que combine inversión, control y adaptación normativa, en un departamento donde el acceso al agua sigue siendo un desafío estructural y una prioridad política de primer orden.