Capturan a presuntos implicados en caso Richard Aguilar en Santander
La mañana de este miércoles fueron capturados por la Fiscalía, Julián Jaramillo y Octavio Reyes, dos personas que serían claves para que continúe el proceso judicial por presunta corrupción en la gobernación de Richar Aguilar.
Según Vanguardia, la Fiscalía General de la Nación considera a los capturados como artífices tras bambalinas de una serie de contratos de la Gobernación de Santander, a través de los cuales presuntamente se pagaron coimas millonarias para poder ser adjudicados. Entre dichos contratos, el del reforzamiento del Estadio Alfonso López y toda su villa olímpica.
Julián Libardo Jaramillo Diaz fue uno de los primeros nombramientos de Richard Aguilar, en su época de gobernador, como miembro de un comité asesor para los proyectos de la entidad. Octavio Reyes Sarmiento, por su parte, era el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento Estadio 2015, consorcio al que se le adjudicó el contrato por $23 mil millones de pesos.
Según ha argumentado la Fiscalía, que es el ente acusador que lleva el caso después que Aguilar perdiera su fuero al renunciar como congresista, tanto el exgobernador de Santander como otros funcionarios de su administración “habrían constituido una empresa criminal para direccionar la contratación”.
Si bien desde 2018 la Fiscalía ha capturado fichas claves en este caso, desde 2015 cuando se hizo la adjudicación del contrato veedores de Bucaramanga, han hecho énfasis en las posibles irregularidades que tenía el proceso. Una de ellas, era que el valor adjudicado a la obra no era suficiente.
“Cuando el gobernador Richard Aguilar puso la primera piedra, con papayera incluida, del reforzamiento del estadio Alfonso López, yo le dije que esa plata ($15 mil millones) no alcanzaba ni para hacer un bizcocho y me sacaron del estadio”, contó Ramiro Vásquez, uno de los primeros denunciantes de estas posibles irregularidades. “Porque yo creía, en ese momento, que la forma en como lo estaban haciendo era incorrecta y ahí está el resultado”.
Una de las primeras personas en caer dentro de este proceso judicial fue Claudia Toledo, secretaria de infraestructura de Santander para la época en que Richard Aguilar fue gobernador, y su esposo, Lenin Pardo. Ellos dos, sin embargo, ya sabían lo que enfrentarían y así se lo dieron a conocer, preocupados, en una conversación a Julián Jaramillo. En un video grabado por la pareja, Jaramillo le menciona los beneficios económicos a los que podrían acceder si no contaban todo lo que sabían, así como también todo lo que habría que hacer para que la pareja pagara su tiempo de cárcel en condición domiciliaria.
“La pena para los dos es de doce años, en el preacuerdo son seis años y se tienen las tres quintas partes, más el trabajo por cada dos días, uno, termina siendo como año y ocho meses para cada uno”, les explica Jaramillo, quien en la misma conversación les aseguró que habían 2.800 millones de pesos para entregarle a pareja Pardo - Toledo.
“No sé si confíen en mi criterio”, les dice Jaramillo y segundos después les deja su opinión. “Yo no me voy por ese principio (de oportunidad)”.
No obstante, y en contravía de lo que Julián Jaramillo les aconsejó, Claudia Toledo y Lenin Pardo se acogieron al principio de oportunidad y revelaron todo lo que sabían sobre la entrega de coimas para poder adjudicar no solo el contrato de reforzamiento del estadio en Bucaramanga, sino también la adjudicación del Corredor vial San Gil - Charalá, por más de $185 mil millones; el contrato del Corredor Vial Agroforestal, por $147 mil millones; y las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por $113 mil millones.
En las presuntas irregularidades que se evidenciaron en dichos contratos, también resultó salpicado el excongresista Edwin Ballesteros, quien para esa época era el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, ESANT, y según contó Lenin Pardo a la Corte Suprema de Justicia, había recibido $600 millones enviados por Octavio Reyes, el representante legal de la obra del estadio y quien también fue capturado hoy. Ballesteros, además, renunció a su curul para esquivar la investigación de la Corte Suprema de Justicia.
“La proporción de la palabra corrupto es como el que recibe $100, hasta el que recibe mil millones. Ellos (Richar Aguilar y Edwin Ballesteros) han dicho y trataran de decir que no y defenderse, pero ellos estaban en el sistema. Eran las cabezas de un sistema de corrupción”, aseguró Pardo en entrevista a un medio nacional.
Octavio Reyes ya se había acogido también a un principio de oportunidad ante la justicia, en el proceso judicial que actualmente cursa en contra de Richard Aguilar, pero no había sido capturado, hasta hoy.
Por ahora, el proceso judicial se concentra en Julián Jaramillo y Octavio Reyes. El primero, mano derecha de Richard Aguilar y quien intentó mediar para que no involucraran a su jefe, y el segundo, quien al parecer, habría entregado sumas multimillonarias a través de terceros para que la administración de Aguilar le concediera varios contratos.
Además de la captura de estas dos personas, el más reciente pasaje tiene que ver con la pérdida de cientos de documentos que comprometerían a Richard Aguilar y que debían estar en los anaqueles de la gobernación. Dicha pérdida de documentos se habría dado durante la gobernación de su hermano, Mauricio Aguilar. Sobre esta situación, ya tiene conocimiento la Corte Suprema de Justicia.
“Yo creo que con esto, el proceso está llegando a su recta final, y lo considero así porque Julián Jaramillo y Octavio Reyes eran los señores que dentro de la gobernación presionaban para que los contratos salieran direccionados. Dios quiera que con el actuar de la justicia, se frene a ese clan Aguilar que ha hecho tanto daño a los recursos de nuestro departamento”, aseguró Ramiro Vásquez, uno de los veedores que desde el principio puso la lupa en estos contratos.
