En la tutela se aseguraba que varios pronunciamientos del presidente Duque durante la época electoral eran menciones directas sobre la candidatura de Gustavo Petro.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bajo esta política de secuestro se presentaron múltiples casos por considerar que alguna persona era enemigo o infiltrado.
El juzgado tomó la decisión al darle la razón a una tutela de la esposa de Tapia, Natalia Morales, quien aseguró que se estaban vulnerando los derechos a la unidad familiar.
La uniformada, identificada como Andrey Merlano, fue atacada cuando realizaba sus labores de vigilancia e iba atender un requerimiento en el barrio El Llano del municipio de Santa Fe.
Según la Fiscalía, que la exgobernadora, al parecer, actuó en favor del contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15% del valor de los contratos
