En Estados Unidos piden la renuncia del secretario de Guerra, Pete Hegseth, por autorizar bombardeo a una lancha en el Caribe
El pasado 2 de septiembre, un ataque estadounidense contra una embarcación en el Caribe dejó sobrevivientes que fueron asesinados en un segundo bombardeo, según confirmaron medios y fuentes oficiales. La orden inicial fue dada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien instruyó al almirante Frank Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, a ejecutar la acción. La Casa Blanca defiende la operación, asegurando que se actuó dentro de la ley y con el objetivo de eliminar una amenaza a Estados Unidos.
El hecho ha generado críticas internas y externas. Legisladores bipartidistas denuncian que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra, ya que los sobrevivientes del primer bombardeo fueron abatidos en la operación posterior. Medios estadounidenses informaron que dos personas sobrevivieron al primer ataque y fueron asesinadas después, a pesar de que el presidente Donald Trump había afirmado que 11 supuestos “narcoterroristas” murieron en un solo bombardeo.
El senador republicano Rand Paul reveló registros de la Guardia Costera que muestran que al menos el 21 % de las embarcaciones bombardeadas frente a Venezuela no transportaban drogas, lo que recrudece las críticas y aumenta la presión sobre la administración estadounidense.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó las operaciones y denunció que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para intentar derrocarlo. “Queremos paz con soberanía, no la paz de los esclavos”, afirmó durante una movilización en Caracas, mientras miles de militantes portaban banderas venezolanas y camisetas rojas del partido de gobierno.
En Washington, la polémica política crece. Joaquín Castro, representante demócrata por Texas, exigió que Hegseth y Bradley testifiquen ante el Congreso. Chris Deluzio, del Comité de Servicios Armados, calificó de “indignante” que se pueda asesinar a sobrevivientes y pidió la revelación de los audios de la orden. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, advirtió que si la administración Trump continúa con ataques contra Venezuela, el Congreso intervendrá mediante la Ley de Poderes de Guerra para limitar la autoridad presidencial.
Los ataques forman parte de una serie de operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, justificadas por la Casa Blanca como lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, expertos internacionales y organizaciones de derechos humanos señalan que podrían constituir crímenes de guerra, debido a que se abatió a personas que ya estaban fuera de combate.
La crisis también afecta la gobernabilidad interna en Estados Unidos. La administración Trump enfrenta un desplome histórico en aprobación presidencial y un Congreso con más del 80 % de desaprobación, mientras se intensifica la presión internacional por el uso de la fuerza contra Venezuela y la presunta violación del derecho internacional humanitario.