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Nicaragua: democracia, estado policial y nostalgia revolucionaria

Un análisis del panorama político y social en Nicaragua de cada a las próximas elecciones presidenciales.
Mundo
Fotos: AFP
Carlos Chica
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*Este texto se basa  en el informe ‘Los Riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua” del Internacional Crisis Group (ICG) y en una entrevista con Tiziano Breda, analista del ICG para Centroamérica, en el programa ‘El Mundo es un Pañuelo’, de Radio Nacional de Colombia.

A cinco meses de las elecciones presidenciales y legislativa, Nicaragua está atrapada por leyes, instituciones y prácticas políticas de un estado policial que traiciona las promesas de la Revolución Sandinista: construcción de democracia, elecciones libres, igualdad ante la Ley, derecho a la información, libertad de expresión y desarrollo con equidad e inclusión social.

Heridas abiertas

Han pasado tres años sin que sanen las heridas y mientras crecen la desconfianza y la incertidumbre en una solución política al estallido social de 2018. El cálculo político le falló al gobierno del actual presidente Daniel Ortega.

La población reaccionó indignada contra la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la reducción de las pensiones, el aumento de las cotizaciones, la reforma tributaria que elevó el impuesto a la renta, el manejo gubernamental al devastador incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz, la propuesta de regular las redes sociales y la amenaza que representa para comunidades campesinas el proyectado canal interoceánico.

Desde 2018 hasta hoy, fracasaron los escenarios de diálogo y negociación en los que han participado, entre otros, líderes de movimientos y organizaciones sociales, la Iglesia Católica y del sector privado, estos últimos aliados de Ortega mediante un pacto tácito de no agresión.

Las autoridades optaron por controlar el país a la fuerza. Primero desmantelaron las barricadas de los manifestantes y después declararon ilegales las protestas callejeras y detuvieron a cientos de activistas de la oposición. Desde mediados de 2019, la estrategia del gobierno se ha vuelto menos coercitiva, pero focalizada más cuidadosamente.

A principios de mayo de 2021, 112 presos políticos continuaban encarcelados. En 2020 fueron documentados 1.797 ataques a opositores, mediante amenazas u hostigamientos de las fuerzas de seguridad o grupos parapoliciales, afectos al gobierno.

Estancamiento político: cinco factores

El enfrentamiento político está estancado porque ninguna de las partes cuenta con suficiente impulso o fuerza para acabarlo. El gobierno no parece dispuesto a conceder condiciones y la oposición carece de iniciativas que puedan inclinar la balanza.

La mayoría de sanciones de Estados Unidos y la presión de la Organización de Estados Americanos (OEA) han resultado ineficaces y, en ocasiones, contraproducentes porque han fortalecido el rol de Ortega y del país como víctimas de una potencia enemiga que conspira financiando a traidores de la Patria.

Mientras tanto, siguen sin trámite las peticiones reivindicadas durante las protestas masivas de 2018, las cuales fueron reprimidas violentamente, con el saldo trágico de 328 muertos.

1. Asedio a la oposición

Una serie de leyes y actuaciones administrativas han cerrado espacios para la expresión política, han amordazado a los disidentes, han impedido la participación electoral de la oposición y han allanado el camino para la represión, cuando el gobierno lo estime necesario.

Se trata de leyes que, aunque cumplan total o parcialmente estándares internacionales, se aplican para perseguir a quienes, según el gobierno, usan indebidamente recursos extranjeros o propagan desinformación dentro y fuera del país.

  • La Ley de Agentes Extranjeros obliga a personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”.
  • Otra Ley prohíbe postularse a cargos públicos a quienes se considere que han puesto en riesgo la soberanía nacional liderando o financiando un golpe de Estado o incitando a actos terroristas o a la intervención extranjera.
  • Una tercera Ley establece pena de cárcel a quien filtre información gubernamental o produzca o comparta noticias “falsas” o distorsionadas. La norma no define jurídicamente esos términos.
  • Los legisladores aprobaron cadenas perpetuas para los autores de “delitos de odio” –definidos vagamente—y extendieron la detención provisional de 48 horas a 90 días.
  • En la Reforma Electoral se le asignó a la Policía la tarea de autorizar mítines de campaña, función que cumplían las autoridades electorales.
  • Las autoridades electorales eliminaron de la competencia política a la Coalición Nacional, mediante la suspensión de la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD) que le servía de plataforma.

2. Se desvanece el atractivo de la oposición

La pérdida de atractivo se explica por la multiplicidad de partidos y movimientos, por luchas internas y rivalidades personales, por discrepancias ideológicas y por la fragmentación en el intento de conformar y registrar una alianza electoral.

A la falta de resultados en las mesas de diálogo con el gobierno –por intransigencia de las partes y demandas confusas o poco realistas–, se suma el desencanto de quienes salieron a las calles y hoy experimentan frustración y rabia por el costo en vidas humanas, privaciones de la libertad, migraciones masivas y exilios. “La oposición política parece haber perdido su atractivo”, dice el Internacional Crisis Group (ICG).

Lo que empezó con la Alianza Cívica, para que la protesta dejará de ser amorfa, ha tenido más tropiezos que logros. La Alianza Cívica se alineó con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y después se unió con tres partidos en un frente electoral: la Coalición Nacional.

A finales de 2020, la Alianza Cívica se retiró de la Coalición Nacional y denunció “viejas prácticas políticas”. Por su parte, la Coalición Nacional expulsó al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por sus afinidades con el gobierno y, en mayo, suspendió al partido Yatama por haber apoyado el nombramiento de un Magistrado electoral sandinista.

La expulsión del PCL de la Coalición amerita un recordatorio histórico. El PLC, partido del expresidente Arnoldo Alemán y el FSLN de Daniel Ortega impulsaron una reforma constitucional cuyo objetivo fue perpetuarlos en el liderazgo de sus partidos y asegurar el control bipartidista de las instituciones del Estado. Los nicaragüenses lo bautizaron como ‘El Pacto’.

Este año, la Alianza Cívica se acercó al partido Ciudadanos por la Libertad, que “parece gozar goza de simpatía entre los magnates empresariales y el clero católico” (ICG).

La fotografía de hoy muestra dos grandes bloques opositores: el primero es la ‘Alianza Ciudadanos por la Libertad’; y el segundo, la ‘Coalición Nacional’, eliminada de la competencia electoral al serle suspendida la personería jurídica al partido PRD.

La lógica predominante en los sectores de la posición parece ser ésta: “únanse a mí, en lugar de, construyamos unidad”. Y por eso, “la falta de unidad de la oposición ha socavado su capacidad para moldear la opinión pública”.

3. El aislamiento progresivo de Ortega

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene fisuras y crece el descontento con la pareja presidencial, especialmente con Rosario Murillo, a quien muchos no le auguran el rol de sucesora de Ortega.

Según un exdiplomático nicaragüense, “a Ortega le temen, lo respetan y lo quieren”, pero “a Rosario, solo le temen”. La residencia presidencial “se vació progresivamente de asesores y se llenó de cortesanos”.

Aunque el año pasado hubo pocas protestas, el gobierno no ha recuperado el respaldo popular mayoritario.

Ortega está cada vez más aislado y rodeado de un círculo reducido de familiares y asistentes, mientras el Frente Sandinista atraviesa una crisis generacional y de liderazgo. En 2020 murieron 70 líderes de alto nivel, entre ellos íntimos de Ortega como Dionisio Marenco, exalcalde de Managua. 15 fallecieron por Covid-19, mientras las autoridades minimizaban el impacto de la pandemia y enterraban secretamente a los muertos (ICG).

Ortega intenta reconquistar a los sandinistas descontentos, apelando al espíritu anti imperialista que pervive en las bases del FSLN, la mayoría de empleados del sector público, un sector del campesinado y en los cuadros del partido.

Los partidarios de Ortega avalan la narrativa gubernamental, según la cual, el estallido social de 2018 es parte de un plan golpista planeado, liderado y financiado por Estados Unidos. Por eso, encuentran razonable y justa la acción punitiva contra los “traidores”.

4. Bloqueo, declive económico y sector privado

Hasta 2018, Ortega y el sector privado no se pisaron las mangueras y mantuvieron una relación pragmática y de conveniencia mutua. En dos décadas, el crecimiento económico promedio fue del 4,6 por ciento anual. La gestión macroeconómica y una serie de reformas crearon las bases de una economía de economía de mercado que ha contribuido a reducir la pobreza a partir de 2005, según el Banco Mundial.

A partir de 2018, la situación cambió de rumbo no solo por el impacto del estallido social sino también por la decisión de los Estados Unidos de bloquear en las instituciones multilaterales los recursos para las agencias gubernamentales nicaragüenses. El portafolio de inversiones en Nicaragua quedó bloqueado. Entre 2018 y finales de 2020 no se aprobaron nuevos préstamos por parte del Banco Mundial, el FMI y el BID. La inversión extranjera directa pasó de mil millones de dólares en 2017, a 182 millones de dólares en 2020.

Antes de la pandemia, 3.400 empresas habían cerrado y 200 mil empleos se habían perdido en el sector formal. Según el empresariado, las cargas impositivas impulsadas por el gobierno perjudicaron las inversiones nacionales y extranjeras y contribuyeron al colapso del sector turístico que, en 2017, contribuyó con el 4 por ciento del PIB.

El sector empresarial teme que nuevas sanciones externas y la reducción de la inversión extranjera profundicen el deterioro económico causado no solo por la crisis política e institucional sino también por la pandemia del Covid-19 y la devastación de dos huracanes en noviembre de 2020, estimada en 742 millones de dólares (6 por ciento del PIB).

Hoy, el sector privado mantiene prudente distancia frente a la oposición porque no vislumbra capacidad para inclinar la balanza con propuestas posibles y creíbles. Frente al gobierno, el sector privado no ha ido más allá de invocar ajustes a las medidas fiscales y tributarias. Ortega ha dicho que volvería a la mesa de negociaciones, pero después de elecciones, es decir, a partir de 2022.

Probablemente, Ortega no olvida que, en medio del estallido social, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó su participación en los diálogos al cese de la represión policial y de las fuerzas de choque afines al gobierno; la liberación de los detenidos durante las protestas pacíficas; y garantías irrestrictas para la libertad de prensa y expresión. Con el Cosep coincidió la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, con un subrayado: “diálogo multisectorial inclusivo, en el que todos los nicaragüenses sientan que su voz está representada”.

Está por verse el rumbo que tomará la relación del sector privado con el gobierno, después de la detención de Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción; y del proceso penal que se ha iniciado contra trece exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), entre ellos dos emblemáticos empresarios: José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo. Una jueza les prohibió salir del país y les congeló sus cuentas bancarias.

5. Estrategia calculada

Los recientes arrestos de activistas sociales, aspirantes presidenciales, banqueros y empresarios, y la seguidilla de citaciones judiciales a periodistas, confirmarían que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, están ejecutando una estrategia para amedrentar a la oposición, inhibir su participación electoral e inclinar a su favor el resultado de las elecciones. Saben que arriesgan, pero es un riesgo calculado.

“Daniel Ortega ha enviado un mensaje claro a los nicaragüenses: nadie es intocable y puede ser investigado y arrestado si el régimen lo considera una amenaza para sus intereses”, ha dicho el diario El País (España).

El periódico coincide con la advertencia del International Crisis Group (ICG): el gobierno está maquinando un resultado a su favor que, por injusto, podría desatar disturbios y una violenta represión, en el marco de una prolongada recesión económica.

Ortega ha puesto a la oposición contra la pared y la está forzando a tomar decisiones complicadas y perdedoras. ¿Se resignarán los partidos opositores a excluir a los precandidatos perseguidos judicialmente? ¿Desafiarán al gobierno y los mantendrán como aspirantes a riesgo de perder las personerías jurídicas? ¿Se abstendrán de participar en las elecciones por falta de garantías dejándole el camino libre a Ortega y evitándole la tentación de apelar a un fraude?

Ortega y Murillo les miden el aceite a los opositores y desincentivan la participación de quienes creen posible sacarlo del poder, mediante elecciones libres, supervisadas y ajustadas a estándares internacionales. Si el cuadro es tan adverso, ¿qué sentido tiene votar y qué garantías tienes de que sus votos sean contados?

Ortega propicia detenciones motivadas políticamente para acumular poder de negociación, sin repercusiones legales, como ocurrió con la liberación de la mayoría de las setecientas personas detenidas en 2018 y 2019. Ortega usa a los detenidos como fichas de canje.

La estrategia responde también a la coyuntura internacional. Ortega y Murillo asumen que Nicaragua no está en las prioridades de Washington. El interés principal de la Casa Blanca es una estrategia que erradique las causas de la migración forzada desde el Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. La reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México, parece corroborarlo.

Cinco meses de suspenso

Las condiciones no parecen favorables para la participación de la oposición, para modificar con carácter urgente las reformas electorales adoptadas unilateralmente y para un acuerdo sobre condiciones aceptables para todos.

Ortega cuenta con el apoyo de cinco partidos colaboracionistas, encabezados por el PLC del expresidente Arnoldo Alemán que “están listos para cosechar los votos que les asigne la maquinaria del fraude”, ha dicho el exiliado periodista Carlos Fernando Chamorro –hermano de Cristiana–, en un artículo en La Jornada.

A su juicio, el FSLN tiene despejado el camino para ganar como minoría política, con pocos o muchos votos sobre el segundo más votado. La oposición, en cambio, necesita 200 mil votos para neutralizar el fraude en las presidenciales, y 750 mil votos en las legislativas para consolidar mayoría calificada en el Parlamento. Una condición necesaria es la oposición cerrando filas en una sola lista, con un candidato presidencial único y la guardia en alto con resistencia cívica. E

l International Crisis Group teme que unas elecciones cuestionadas profundicen el aislamiento internacional del país, agraven la situación económica en el contexto de la pandemia y provoquen una nueva oleada de disturbios y de represión.

En estos cinco meses de incertidumbre, Nicaragua podría seguir siendo “un viejo país que se resigna a morir y uno nuevo que no termina de llegar”, según Arturo Cruz, precandidato presidencial y exembajador en Estados Unidos (2007-2009), detenido la semana pasada.

*Este texto se basa principalmente en el informe ‘Los Riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua” del Internacional Crisis Group (ICG) y en una entrevista con Tiziano Breda, analista del ICG para Centroamérica, en el programa ‘El Mundo es un Pañuelo’, de Radio Nacional de Colombia.

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