Pescadores venezolanos temen por su seguridad tras ataques de EE. UU. en el Caribe: "No sabemos si volveremos”
En las comunidades pesqueras de La Guaira, Nueva Esparta y Sucre, los pescadores aseguran vivir con miedo ante las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe.
Las recientes intervenciones y ataques contra embarcaciones venezolanas han generado alarma, pues muchos trabajadores del mar afirman haber reducido sus tiempos de trabajo por temor a ser interceptados o confundidos con supuestos narcotraficantes.
De acuerdo con autoridades venezolanas, las operaciones estadounidenses se amparan sin pruebas en la lucha contra el narcotráfico, aunque el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que se trata de un acto de agresión injustificado que pone en riesgo la soberanía marítima del país y viola los derechos humanos de las víctimas de los bombardeos.
Denuncias de abordajes y destrucción de barcos
Uno de los hechos más graves ocurrió cuando el destructor USS Jason Dunham interceptó un barco atunero venezolano. Según denunció Caracas, la tripulación fue retenida durante horas y se le impidió comunicarse con las autoridades.
Semanas después, otro incidente terminó con la destrucción de una embarcación venezolana, dejando víctimas mortales. EE. UU. alegó que se trataba de un buque involucrado supuestamente en el narcotráfico; no obstante, no hay pruebas de dichos argumentos y por ende, Venezuela insiste en que eran pescadores civiles.
Estos episodios han sido calificados por organizaciones locales como una “escalada peligrosa” que vulnera los derechos humanos y las normas del derecho internacional del mar.
Reacciones del gobierno venezolano
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó las acciones estadounidenses como una “sentencia de muerte para cualquier pescador” y pidió instalar cámaras a bordo de las embarcaciones para documentar cualquier nuevo ataque.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció ante organismos internacionales que Estados Unidos actúa fuera de los límites del derecho internacional, utilizando la excusa del narcotráfico para justificar intervenciones militares en el Caribe.
El gobierno ha solicitado el apoyo de países aliados y de la ONU para investigar lo que considera una violación a la soberanía marítima venezolana.
Consecuencias económicas y sociales
Las operaciones militares han afectado de forma directa la actividad pesquera y el sustento de miles de familias.
Muchos pescadores han optado por no salir a alta mar, temiendo ser interceptados, lo que ha reducido la oferta de productos del mar y encarecido los precios locales.
“El miedo se siente en cada puerto”, relata un trabajador de La Guaira. “Antes íbamos hasta 30 millas, ahora nadie se atreve a salir tanto. No sabemos si volveremos”.
La inseguridad marítima también impacta a comunidades enteras cuya economía depende casi exclusivamente de la pesca artesanal.
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Juristas y analistas internacionales advierten que los ataques en aguas internacionales o zonas económicas exclusivas podrían constituir violaciones al derecho marítimo y a los tratados humanitarios. Varios expertos sostienen que Estados Unidos no ha presentado pruebas concluyentes que respalden las acusaciones de narcotráfico.
El gobierno venezolano afirma que llevará estos casos ante instancias multilaterales y ha pedido una investigación independiente sobre los ataques en el Caribe, insistiendo en que pescar no puede convertirse en un acto de riesgo mortal.
El Ejecutivo venezolano, respaldado por gobiernos aliados como Cuba y Nicaragua, ha instado a la comunidad internacional a detener la escalada de tensión militar en el Caribe.
La Cancillería venezolana sostiene que estas acciones ponen en peligro la estabilidad regional y los principios de convivencia pacífica establecidos por la Carta de las Naciones Unidas.
“Defender el mar es defender la vida de nuestros pueblos”, señaló el gobierno en un comunicado oficial.