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Análisis: ¿es viable una negociación con el Clan del Golfo y otros grupos ilegales?

Este jueves algunos grupos armados le enviaron una carta al presidente electo, Gustavo Petro, anunciando la intención de unas negociaciones.
Negociación con el Clan del Golfo y otros grupos ilegales
Actualidad
Foto: Colprensa
Colprensa

Cese al fuego coordinado acompañado de un diálogo para terminar el conflicto y garantías iguales que han obtenido otros grupos que han renunciado a la guerra, propusieron por medio de una carta enviada al presidente electo, Gustavo Petro, varios grupos armados entre los que se encuentran el ‘Clan del Golfo’.

Esta propuesta, aunque estaría bajo el mensaje de paz que ha enviado Petro a todos los grupos armados del país, solo es viable según analistas, en una parte de su contenido.

Esto porque, por ejemplo, según Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), un cese al fuego es viable porque estos grupos pueden dejar de cometer actos delincuenciales, atentados contra la población civil y la Fuerza Pública, y más aún si quieren entrar a un proceso de sometimiento a la justicia, pero no lo es, si por medio de este se quiere llevar a un proceso de negociación que les permita entrar en una justicia especial.

“Para estos grupos encajaría es un sometimiento dentro de los lineamientos de la justicia ordinaria, tal vez con algunos beneficios, porque no son actores políticos que puedan llegar a tener algún tipo de negociación, porque son grupos delincuenciales. Tal vez el único grupo que puede llegar a un proceso de negociación con quienes sí se puede hablar de un cese al fuego bilateral, negociaciones y de una justicia transicional es el Eln”, explica Macías.

Con lo anterior coincide Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia, quien dice que la única ruta jurídica que estos grupos armados tienen es la ley de sometimiento a la justicia.

“Toca es determinar si la ley de sometimiento del año 2018 entrega las suficientes herramientas para garantizar, por ejemplo, que no se dé la extradición”, señala Libreros.

Bajo esta línea, Libreros explica que lo que entra en juego ahora es que Petro desde campaña aseguró que iba a buscar un mecanismo que le permitiera una renegociación de los términos de asistencia jurídica, lucha contra el narcotráfico y extradición con Estados Unidos.

“Se puede buscar un mecanismo que garantice que a cambio de condiciones mínimas en materia de verdad, justicia y reparación se suspenda la extradición a otros países”, añade.


Lee aquí: “Claro que habrá diálogo”: canciller Leyva sobre carta de grupos armados


Posición del nuevo gobierno

En declaraciones a Blu Radio, el nuevo presidente del senado, Roy Barreras, coincidió con la posición de los analistas consultados al argumentar que el Eln es un grupo armado que, por su historia, puede acceder a una justicia transicional pero, los demás grupos, catalogados como bandas criminales, solo pueden someterse a la justicia.

“El cese de fuego es una figura del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que solo puede aplicarse en los conflictos armados internos y no a los grupos ilegales que tienen otro camino. Claro que deben cesar la violencia, ellos, de manera unilateral, pero ceses del fuego bilaterales no aplican”, manifestó Barreras.

¿Cuál es la propuesta?

En la propuesta dirigida al presidente electo Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Duran, estás organizaciones proponen un cese al fuego desde el 7 de agosto, acompañado de un diálogo para terminar el conflicto.

“Nosotros no podemos ser indiferentes al clamor del pueblo colombiano y al pensamiento de su presidente electo democráticamente, para entre muchas cosas lograr la tan anhelada “Paz con justicia social”. En virtud a esto proponemos a ustedes, y al pueblo colombiano, ser parte activa de este proyecto; estamos dispuestos a dialogar y reconciliarnos”, reza la carta escrita por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrós, Los Rastrojos, Los Shottas de Buenaventura, La Inmaculada de Tuluá y Los Mexicanos de Quibdó.

Dentro de la carta estos grupos piden además garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles que también han participado activamente en el conflicto nacional y dicen que en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel, “pues está comprobado, es una universidad del crimen que no cumple con los fines de la resocialización”.

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