Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: ¿Cómo avanzan las investigaciones?

Por: Carolina Bustamante

José Alexander Castro es un antioqueño de 43 años y asegura haber sobrevivido a un intento de ejecución extrajudicial a manos de militares, porque ese día se encontraba ausente. Esto en la vereda Concha del municipio de Campamento (Antioquia). Suerte con la que no contaron ni su tío Jhon Fredys Navarro y ni su hermano Humberto León Pulgarín, quienes presuntamente habrían sido asesinados y masacrados por miembros del Batallón de Infantería N°10, Coronel Atanasio Girardot.

Trece años han pasado desde ese 23 de octubre del año 2006 y afirma José que solo se ha logrado la condena de un soldado.

“No hay comandantes condenados, pese a que ese día ingresaron varios militares a la finca de mi tío y después de matarlo, a él y mi hermano, los armaron con revólveres calibre 38, granadas de mano, dinamita cordón y detonante, para hacerlos pasar como guerrilleros del Eln, todo por mostrar resultados operativos”, relata.

Como este caso, en Colombia entre los años 2002 y 2010 existe un reporte, según la organización Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos, de 10 mil casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías o militares, siendo el departamento de Antioquia, la región más afectada con una cuarta parte de los casos.

Es así como el abogado defensor de víctimas, Sergio Arboleda, asegura que la justicia no ha sido efectiva, ni reparadora.

“Hemos representado alrededor de 100 familias y solo el 7 por ciento ha tenido una sentencia condenatoria a favor, casos que iniciaron en el 2002 y a la fecha no se ha impartido justicia”, señala.

Indicadores de resultados y directrices desde altos mandos militares mal enfocadas, a juicio de expertos en seguridad nacional, como Hugo Acero, se degeneran en acciones ilegales de la tropa. Pues si bien, las metas son necesarias y pedir resultados hace parte de esa dinámica asegura que “la forma cómo se evalúan dichos resultados es el principal error en las Fuerzas Armadas” y hace especial referencia a cómo hoy el comando del Ejército Nacional evalúa la efectividad de sus hombres.

“Las metas de las instituciones castrenses no deben estar enfocadas en el número de bajas, incautaciones, detenciones y deserciones que se dan de grupos armados ilegales. Los indicadores sobre los cuales se debe medir la efectividad nacional tiene que ver con la mejora notable de la seguridad”, comenta.

Ese tipo de directrices, han puesto en apuros a cientos de comandantes de las Fuerzas Armadas y hoy, tienen en medio de la opinión pública a favor y en contra, al actual comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez.

A partir de la publicación del diario The New York Times, donde advierte sobre los peligros de la actual doctrina castrense, el debate se ha centrado en el pasado militar del general Martínez, los intereses del Gobierno actual en materia de seguridad nacional y en el rechazo de varios sectores, sociales y políticos, frente a los ascensos de altos mandos involucrados en muertes ilegítimas.

Un ejemplo es que dichos casos, según cuenta el abogado Sergio Arboleda, involucran militares que buscan mantenerse a toda costa en la Fuerza Armada, pese a los señalamientos legales que pueda haber en su contra.

“El coronel Juan Carlos Barrera Jurado, comandante del Batallón Bajes, tras investigaciones en su contra por muertes ilegales, fue retirado de las filas del Ejército, pero es contratado como un tercero, haciendo parte del grupo asesor para la elaboración de la doctrina militar llamado 'Dabasco´”, sostiene sobre este oficial que recientemente fue acogido por la Justicia Especial para la Paz.

Y agrega que “el segundo comandante, coronel Eduardo Bastidas, intentó ascender en el año 2017, a través del Congreso, ascenso que se cayó por investigaciones en su contra, pero el año pasado nuevamente lo postulan y finalmente se dió”.

Recuerda José Alexander que después de recibir en un distrito militar, los cuerpos de su tío y su hermano, al sol, en el piso y sin protección alguna, inició toda una odisea en busca de responsables, haciéndose acreedor de amenazas y la publicación de una foto con su rostro como presunto miembro del Eln.

Esto le obligó a entregarse a las autoridades con el fin de comprobar que era un campesino y no un guerrillero.Finalmente fue dejado en libertad, porque nunca se hallaron pruebas que lo vincularan como militante de ese Grupo Armado Ilegal y logró que ese hecho diera pie a la apertura de la investigación por lo que cataloga como las muertes ilegítimas de sus familiares.

Sin embargo, y regresando a la coyuntura nacional, han sido algunas declaraciones de oficiales a medios de comunicación, lo que pone en duda la transparencia de la actual directriz al Mando del General Nicacio Martínez, cuentan que se les ofrecen beneficios representados en permisos a cambio de bajas, capturas e incautaciones.

“Los incentivos para nosotros se ven reflejados en permiso de vacaciones sobre todo en diciembre que es la fecha más especial (...) Nosotros tenemos un principio de distinción pero en terreno no distinguimos si es paramilitar o guerrillero. Si tiene arma y es identificado, nosotros podemos darlo de baja”, revela un oficial, quien no dio su nombre por motivos de seguridad.

También han contado sobre presiones exageradas a comandantes, generando competencias entre las tropas.

“(...) sentimos que hay una competencia entre pelotones por ganarse diciembre y sabemos que entre más bajas más rápido nos ganamos esa fecha pero definitivamente, el que más presión tiene es el comandante del pelotón”, comenta el militar.

Para el analista Acero, esas voces demuestran que hoy los uniformados no están dispuestos a acatar órdenes que a futuro pueden llevarles a la cárcel:

“(…) lo que llevó a ciertos oficiales a dar declaraciones al New York Times y otros medios, fue poner en cuestión ese tipo de órdenes, eso ya es un avance pues en otras épocas la orden simplemente se ejecutaba”, puntualiza.

El experto en seguridad nacional manifiesta que el General Martínez como otros miles de militares “son inocentes hasta que la justicia no demuestre lo contrario”, y afirma que los ascensos a los que aplican deben cursar en el Congreso hasta que no exista una ley que lo impida. Es decir, una en la que por sospecha o precaución limite o deje en espera dicho proceso.

Para víctimas como José Alexander Castro, en cambio, esos ascensos, “son una humillación para quienes somos víctimas, es una burla y un peligro latente porque los ‘Falsos positivos’ no han desaparecido, simplemente están más callados, pero siguen existiendo”.

La próxima semana el Congreso de la República definirá si otorga o no, el ascenso a ´General Full´ de Nicacio Martínez, discusión que se vió aplazada esta semana en la agenda del legislativo.

Eschuche a continuación el informe radial completo sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia: