La solicitud quedó consignada en una carta fechada el 9 de febrero y dirigida a la Sala Plena.
El mandatario sostuvo que el país enfrenta una emergencia que se agravó después de la suspensión del decreto y que la respuesta institucional requiere herramientas excepcionales para evitar que la tragedia se profundice. En su escrito, le plantea a la Corte que la situación “hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas” y le pide valorar hechos “nuevos, graves y sobrevinientes” que, afirma, cambiaron de manera sustancial el escenario.
La base del pedido: balance de afectaciones el Caribe
En la carta, el presidente Gustavo Petro reportó 14 muertos, más de 9.000 viviendas destruidas, cerca de 50.000 familias afectadas —unas 300.000 personas— y 35.000 hectáreas productivas inundadas en los dos departamentos. Además, advirtió que el daño ya compromete el sustento y la alimentación de miles de hogares y señala que la situación dejó de ser una advertencia: “no es un riesgo teórico: es un hecho extraordinario”.
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El mandatario afirmó que el Gobierno ha movilizado sus capacidades institucionales, pero que la suspensión del decreto restringe la respuesta en un momento crítico. En uno de los puntos centrales del documento, sostiene: “la permanencia de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 limita la posibilidad de actuar con la rapidez y el alcance que esta emergencia exige”.
El jefe de Estado esclareció el sentido de su solicitud, procurando que esta no se lea como un pulso político con el alto tribunal: “Aquí no está en juego una concesión política, ni un debate ideológico, ni una diferencia de enfoques”. Y remató haciendo un llamado a considerar que está en juego la integridad de miles de ciudadanos: “Aquí está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables”.
Un evento climático extraordinario
En la carta, el Presidente afirmó que la emergencia tiene origen en un fenómeno extraordinario: “la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, acompañado de lluvias de una intensidad sin registro histórico ni estadístico en la región”. También mencionó que informes técnicos advierten la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría profundizar la afectación.
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Finalmente, solicitó levantar la suspensión del Decreto 1390 “para permitir al Estado actuar de manera inmediata y eficaz frente a esta tragedia”, al tiempo que destacó el carácter humanitario del pedido: “Levantar la suspensión del decreto no es un gesto político: es una decisión humana, constitucional y necesaria para salvar vidas”.