Presidente Petro promulga la Ley 2568 de 2026 y cambia el modelo de financiación de universidades públicas en Colombia

El presidente Gustavo Petro promulgó este martes en la Universidad del Cauca, en Popayán, la Ley 2568 de 2026, que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y redefine el esquema de financiación de las instituciones de educación superior públicas. La norma pone fin a más de tres décadas en las que el crecimiento de los recursos universitarios estuvo atado al Índice de Precios al Consumidor, un mecanismo que el Ejecutivo consideraba incapaz de cubrir los costos reales del sector: los costos operativos de las universidades crecen en promedio un 9% anual, mientras el IPC se ha movido históricamente por debajo de ese umbral.

La elección del escenario no fue casual. El Cauca es la fotografía de las brechas históricas en acceso a educación superior del país, y la Universidad del Cauca es la principal institución pública de una región marcada por décadas de conflicto armado, desplazamiento y pobreza rural. El Presidente hiló su discurso en ese sentido: la educación pública no es solo una política sectorial sino el instrumento central para construir paz, reducir la violencia y proyectar a Colombia en el mundo.

Qué cambia con la Ley 2568

El núcleo de la reforma es el cambio de indicador. La nueva ley sustituye el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, que mide con mayor precisión el comportamiento de los gastos propios del sector: nómina docente, infraestructura, investigación, servicios. El nuevo marco también incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales y avanzar en formalización laboral del cuerpo docente.

De manera progresiva, la ley vincula la inversión en educación superior pública al crecimiento del Producto Interno Bruto, con una meta de largo plazo equivalente al 1% del PIB. El Congreso aprobó la iniciativa el 15 de diciembre de 2025 con 116 votos a favor y ninguno en contra. Con la sanción presidencial de este martes, entra en vigencia para el ciclo presupuestal de 2027, el primero del siguiente gobierno.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, resumió en el acto de promulgación la distancia entre lo que pedía el movimiento estudiantil y lo que el gobierno ejecutó: "Los recursos que se aumentaron en IPC más 30 puntos —cinco veces más de lo que exigía el movimiento estudiantil— tenían que hacer base presupuestal, para que la gratuidad dejara de ser un programa coyuntural y se convirtiera en un programa estructural", dijo Rojas Medellín.

De 8,3 a 13,3 billones: cuatro años de inversión en cifras

Las transferencias del Estado a las universidades públicas pasaron de 5,5 billones de pesos al inicio del gobierno a cerca de 12 billones en 2025. Para 2026, el presupuesto supera los 13,3 billones, lo que representa un aumento del 104% en recursos de funcionamiento frente a lo que existía en 2022. Con la reforma vigente, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón adicional.

El jefe de Estado presentó la tasa de cobertura como el indicador político más revelador del período. En 2022, el 54,9% de los jóvenes en edad universitaria accedía a la educación superior. En 2025, esa cifra llegó al 60%. En términos absolutos, eso equivale a 347.710 nuevos cupos creados durante este gobierno. Desde esa base, el presidente fijó el reto en voz alta: "¿Por qué si pasamos de 54 a 60 en este gobierno, no podríamos pasar de 60 a 70 en el próximo gobierno?", preguntó. La referencia fue el promedio de la OCDE —75%— y Corea del Sur, donde la cobertura en educación superior es del 100%.

Otro dato presentado por el mandatario fue la tasa de tránsito inmediato: el porcentaje de bachilleres que pasan directamente a la educación superior sin interrupciones. Subió del 41,1% en 2022 al 49,8% en 2025. En zonas rurales, donde la brecha es estructuralmente mayor, pasó del 24,7% al 32,5%. En zonas urbanas, del 46,2% al 53,7%. Sobre la gratuidad, el presidente fue directo: "Si la juventud de Colombia tiene abiertas las puertas de la universidad gratuita, porque fue nuestra promesa y lo cumplimos: la cobertura de gratuidad en la universidad pública y en las instituciones tecnológicas es del 97%", dijo.

Educación pública y paz: el argumento político central

El Presidente construyó su discurso desde una premisa histórica: en la violencia bipartidista de mediados del siglo XX, el 80% de quienes participaban en el conflicto nunca había pisado una escuela. A partir de esa cifra trazó una línea hasta el presente. La ignorancia, argumentó, no es solo una carencia individual sino el combustible que alimenta la violencia política cuando los medios de comunicación —ayer una emisora, hoy una red social— convocan al odio contra el otro.

Desde ese argumento llegó hasta el Cauca. La región fue durante siglos plaza de esclavitud y de subyugación de pueblos indígenas y negros, y es hoy uno de los territorios con mayor intensidad de conflicto armado del país. El Presidente declaró: "No podemos hablar de paz al mundo si no podemos hacer la paz de nosotros". La universidad pública, sostuvo, es el único instrumento capaz de construir esa paz de manera definitiva: "Una persona que sepa leer no es capaz de matar a otra persona", dijo.

Para el mandatario, ese argumento es la razón de fondo detrás de la ley que acababa de promulgar: "La educación pública en Colombia es lo que nos permite tener el cemento de la paz y la construcción de una sociedad y de una nación poderosa, descubriendo precisamente nuestra propia diversidad", dijo. En ese mismo eje vinculó la reforma con los saberes indígenas y populares: citó a una maestra guambiana cuya escritura describió como una traducción del pensamiento dialéctico ancestral al español, comparable con Hegel o Heráclito. La universidad pública, argumentó, tiene que articularse con esas formas de saber y no suprimirlas.

América Latina tiene que plantear el diálogo entre civilizaciones

El Presidente también hizo una referencia directa a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde planteó la construcción de una alianza occidental, el presidente colombiano rechazó esa propuesta como un planteamiento de superioridad encubierta. Colombia, dijo, no puede arrodillarse ante una visión que considera inferior a quienes tienen sangre negra, indígena, árabe o latina.

Contrapuso la diversidad latinoamericana como una fortaleza: América Latina tiene ancestros en los cinco continentes y esa mezcla, argumentó, le permite entenderse con cualquier civilización del mundo. "América Latina tiene que plantear que es el momento del diálogo de las civilizaciones y no de la confrontación, la guerra y el exterminio entre civilizaciones", dijo. La referencia llegó en el contexto del conflicto en Oriente Medio, al que Petro aludió como señal del riesgo nuclear que enfrenta toda la humanidad, incluida Colombia.

El presidente también defendió su política de paz total frente a quienes la consideran fallida. Recordó que la violencia política de mediados del siglo XX "no la generó la chicha ni el chirrinche" sino los medios de comunicación que convocaban a matar al que pensaba diferente. Esa misma lógica, advirtió, opera hoy en quienes plantean políticas de seguridad basadas en contar muertos como éxito.

La tarea que le queda al Ministerio de Educación

Finalmente, el jefe de Estado le fijó metas concretas al ministro Rojas Medellín antes de que termine el gobierno. Este semestre, el Ministerio debe completar la apertura de nuevas sedes universitarias y garantizar que los contratistas cumplan los plazos, con el objetivo de que al cierre del gobierno los nuevos cupos superen los 400.000 desde 2022. El presupuesto de 2027 —el primero de la siguiente administración— debe incorporar el nuevo esquema de la Ley 2568 como base.

Por otro lado mencionó entre los logros recientes la apertura de sedes universitarias en lugares históricamente excluidos: Nazaret, en el extremo norte de La Guajira, y una facultad de medicina en Riohacha, capital de un departamento donde miles de niños morían de desnutrición por falta de agua potable.

Con la Ley 2568 sancionada, Colombia tiene por primera vez un esquema de financiación universitaria atado a los costos reales del sector y con un horizonte de inversión vinculado al desempeño de la economía. La siguiente administración recibirá ese marco como punto de partida, con una cobertura en educación superior del 60% y una meta de llegar al nivel de los países de la OCDE en cuatro años.