Avalan principio de oportunidad para María Alejandra Benavides exasesora de MinHacienda
Una juez penal de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General de la Nación a favor de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con esta decisión judicial, la acción penal contra Benavides quedará suspendida por un periodo de un año, durante el cual la exfuncionaria deberá cumplir con el compromiso de colaborar con las autoridades judiciales en su calidad de testigo.
Este principio de oportunidad busca obtener información detallada y pruebas que permitan desmantelar la presunta red criminal que habría desviado recursos públicos y direccionado contratos relacionados con emergencias en distintos departamentos del país.
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Según lo expuesto por la Fiscalía, María Alejandra Benavides fue imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo. Las investigaciones señalan que, en su rol de asesora del Ministerio de Hacienda, Benavides intercedió en el trámite de proyectos por un valor superior a los 89.000 millones de pesos, con el objetivo de facilitar su aprobación a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República.
La Fiscalía sostiene que varios senadores y representantes a la Cámara, miembros de dicha comisión, habrían manifestado interés en estos proyectos.
A cambio de su respaldo en las votaciones de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda ante el Legislativo, se habría acordado un intercambio de favores para viabilizar estos millonarios contratos.
El principio de oportunidad, contemplado en la legislación colombiana, permite suspender temporalmente procesos penales a cambio de colaboración eficaz con la justicia, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y se busque el desmantelamiento de estructuras delictivas más amplias.
En este caso, el testimonio de Benavides Soto es considerado clave para esclarecer los vínculos entre funcionarios públicos, congresistas y empresas privadas en la presunta apropiación de recursos destinados a la atención de emergencias.
El escándalo de la UNGRD ha salpicado a diferentes figuras del ámbito político y administrativo del país, y ha encendido las alarmas sobre la gestión de los fondos públicos en situaciones de calamidad.
Finalmente, la Fiscalía espera que esta colaboración permita avanzar en nuevas imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento contra otros presuntos responsables del entramado de corrupción.
