Gobierno y oposición chocan por nuevo decreto de salud
La entrada en vigor del decreto 0858 de 2025, expedido por el Ministerio de Salud, ha generado un fuerte debate entre sectores del oficialismo y la oposición en el Congreso.
Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para implementar de manera inmediata acciones prioritarias del nuevo modelo de salud aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, desde la oposición se acusa que este decreto constituye una reforma inconstitucional encubierta, sin el aval del Congreso.
La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, explicó que el decreto no elimina ni reemplaza el debate legislativo que debe adelantarse sobre la reforma a la salud en el Congreso de la República. Según Peralta, “con este decreto se pone en marcha el nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”, que tiene como objetivo fortalecer el primer nivel de atención, formalizar al personal de salud, modernizar la red hospitalaria pública y organizar las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RISS) en todo el país.
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También aclaró que el decreto “no elimina ni transforma las EPS, ni modifica el esquema vigente de aseguramiento”.
La congresista aseguró que el decreto busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud, especialmente en los territorios más apartados, y se orienta a reorganizar el sistema territorialmente para hacer más efectiva y equitativa la atención. “Se trata de tomar acciones urgentes, inmediatas, en el corto y mediano plazo”, afirmó Peralta.
En oposición, la representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó duramente el decreto, señalando que “impone una reforma a la salud por vía administrativa, lo cual es un paso ilegal e inconstitucional”.
Según la congresista, el Gobierno estaría utilizando un mecanismo reglamentario para introducir una transformación estructural del sistema de salud, sin que exista una ley habilitante que lo respalde.
Miranda advirtió que el decreto no solo crea nuevas entidades, como las redes integrales e integradas territoriales, sino que también impone funciones adicionales a EPS, IPS y entes territoriales, lo cual, en su opinión, vulnera la separación de poderes. “No es una simple reglamentación, es una reforma de fondo”, afirmó.
Finalmente, indicaron que este choque entre las visiones del Gobierno y la oposición refleja el pulso político en torno a la reforma al sistema de salud, cuyo proyecto aún espera ser debatido en el Congreso. Mientras tanto, el decreto ya está en marcha y su aplicación será vigilada por distintos sectores políticos y sociales.