Siete personas asesinadas este fin de semana en el Bajo Cauca antioqueño
Según los registros que lleva la Fundación Sumapaz, en el departamento de Antioquia este año se han presentado 22 masacres, 11 de la cuales han ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño.
Los hechos más recientes se presentaron el 11 de diciembre en la vereda La Bamba del municipio de El Bagre donde fueron asesinadas cuatro personas, y el asesinato de tres más en el corregimiento Cuturú de Caucasia en la madrugada de este domingo 13, lo que generó alertas en organizaciones defensoras de derechos humanos.
Yesid Zapata, del Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Antioquia, aseguró que, pese a la presencia de la Fuerza Pública la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño se sigue agudizando; indicó que la difícil situación de orden público se debe a la disputa territorial entre grupos paramilitares.
“Todos los municipios del Bajo Cauca son zonas geoestratégicas, allí se produce el 60% del oro del departamento, lo que la convierte en una zona de interés de cualquier grupo, en este caso los grupos paramilitares”, dijo Zapata.
Según el defensor de Derechos Humanos, en el Bajo Cauca antioqueño, hay presencia de estructuras delincuenciales como las autodefensas gaitanistas de Colombia (Agc), Los Caparros, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la desaparecida guerrilla de las Farc, pero, la principal confrontación se da entre las Agc y Los Caparros.
“Esta confrontación lleva varios años y sobre todo que luego de la firma del Acuerdo de Paz, habíamos advertido que otros grupos llegarían a estos territorios, creemos que hay una omisión del Estado por tratar de brindar garantías de no repetición, garantías de seguridad”, expresó.
Desde el Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Antioquia, insisten en la creación de una política pública que permita el desmantelamiento de las estructuras que delinquen en esa zona del país.
“Esta política tiene que ver con establecer realmente y de fondo, cuáles son los tentáculos de estos grupos, hacia dónde llegan, dónde se mueven, qué están haciendo, cómo se financian, quiénes los financian y perseguir todas estas situaciones que ponen en vilo a las comunidades”, agregó el defensor.
Durante un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue anunciada una recompensan de hasta 100 millones de pesos, para quien brinde información que permita dar con los responsables de los hechos más recientes que alteraron el orden público en esta zona del país.