Según la investigación, López Benavides habría sido contactado por los empresarios Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes ya están judicializados por estos hechos.
La Corte Constitucional eliminó del Código de Penal la prohibición que se establecía para los médicos respecto a asistir a personas con el deseo de morir.
La medidas anunciadas para garantizar el derecho al aborto en la capital, fueron el resultado del desarrollo de una mesa intersectorial convocada por la Secretaría Distrital de Salud.