La nueva norma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), vincula progresivamente la inversión al PIB con una meta del 1% y consolida la gratuidad como política estructural, con una cobertura que ya alcanza el 60%.
La reforma a la Ley 30, en sus artículos 86 y 87, significa que se garantizan muchos más recursos para las universidades públicas del país, lo cual permitirá fortalecer la educación superior y ampliar oportunidades en todo el territorio nacional.
