Corte Interamericana de D.D.H.H. juzgará toma del Palacio de Justicia
Las dos audiencias previstas sobre ese caso serán celebradas en el marco del 49ª período de sesiones extraordinarias de la Corte IDH, que será inaugurado mañana en Brasilia con una ceremonia a cargo del presidente de ese organismo, el peruano Diego García-Sayán.
El martes y el miércoles, la Corte escuchará a tres víctimas, tres testigos y tres peritos que declararán sobre lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, desde el momento en el que el disuelto M-19 entró al Palacio de Justicia en la capital.
El día 6, unos 35 miembros de ese grupo guerrillero ocuparon el emblemático y céntrico edificio, en el que mantenían a unos 350 rehenes, y las Fuerzas Armadas lo recuperaron al día siguiente mediante una cruenta acción militar en la que murió un centenar de personas y doce más se reportaron como desaparecidos.
Los nueve testimonios que se escucharán en Brasilia supondrán la conclusión del "capítulo oral" del proceso, tras el cual se abrirá un plazo para que las partes presenten sus argumentos por escrito.
Según explicó el mes pasado García-Sayán, la corte estará en condiciones de dictar sentencia durante el primer semestre de 2014.
En el proceso abierto contra el Estado colombiano, hay 147 personas que se consideran víctimas y entre ellas se incluyen aquellas que dicen haber sido torturadas por el Ejército, así como familiares de fallecidos o desaparecidos durante la toma.
La demanda fue planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual consideró que las autoridades de ese país no hicieron los esfuerzos necesarios para investigar las supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante los hechos.
Los organismos humanitarios que presentaron la demanda sostienen que, en 1985, el Estado colombiano "no fue sorprendido" por la toma del Palacio de Justicia y que no sólo no hizo nada para impedirlo, sino que hasta lo facilitó.
"Desde agosto de 1985, el Ejército tenía información que indicaba que el M-19 tomaría el Palacio de Justicia", señala un documento sobre el caso facilitado a Efe por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que es una de las partes demandantes en el proceso.
El documento añade que, a pesar de tener información sobre la inminente acción del M-19, "dos días antes de la toma, de forma repentina e inconsulta, fue retirada la seguridad que brindaba la Policía Nacional a los jueces y al personal" que trabajaba en el lugar.
El CEJIL denuncia que, 27 años después de los hechos, "aún se desconoce el paradero de once de las doce víctimas desaparecidas" y que "la situación de estas personas es responsabilidad del Estado, dado que no cumplió con su obligación de realizar la investigación necesaria" para aclararla.
El caso de la toma del Palacio de Justicia será el único que analizarán los magistrados de la Corte IDH durante el 49ª período de sesiones extraordinarias, que concluirá el próximo jueves con un seminario sobre derechos humanos. EFE
