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Foto: Colprensa. Febrero 2018.

“Hoy es el punto de partida para empezar a sanar heridas”: Patricia Linares

Por: Colprensa

“Es un día histórico para el país, para la sociedad colombiana y especialmente para las víctimas. Porque a partir de hoy se pone en funcionamiento esta jurisdicción que como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación administrará de manera oportuna ese modelo de justicia restaurativa que nos corresponde”.

Con estas palabras la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, se refiere a uno de los puntos acordados en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc para investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto.

“Es el punto de partida para empezar a sanar heridas, a partir de administrar justicia para que no haya impunidad, pero también con vocación de reconciliación. Es el momento a partir del cual las víctimas tendrán un lugar central que las dignifique, las visibilice y que les permita, incluso, participar en el diseño de las sanciones que impongan a aquellos que comparezcan a la jurisdicción”, señaló.

La JEP inició sus labores con la entrega, por parte del Secretario Ejecutivo, Néstor Raúl Correa, del informe oficial que señala que 6475 personas han manifestado su intención de someterse a la JEP, que 3062 personas han quedado libres y que se han identificado más de 11.809 víctimas.

Correa explicó que igualmente se han firmado 7916 actas. Se trata de 6094 actas suscritas por personas que pertenecieron a las Farc, de las cuales 3666 son de libertad condicionada por la Ley de Amnistía y 2428 por “reincorporación política, social y económica”. Igualmente, hay 1792 actas suscritas por integrantes de la Fuerza Pública; 6 de personas relacionadas con actos de protesta social y 34 actas por agentes del Estado diferentes a los miembros de la Fuerza Pública.

El informe, con datos del Ministerio de Justicia, dice que han concedido 197 indultos a integrantes de las Farc por la Ley de Amnistía; así como 522 por la Ley 418 de 1997.

Sobre las víctimas, el reporte dice que hay 8883 relacionadas con hechos cometidos por las Farc, en los que están comprometidos 4653 de sus integrantes; así como otras 2926 víctimas de hechos cometidos por la Fuerza Pública.

"Es el informe más completo sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto armado", dijo Correa al explicar que se reunió información de la Fiscalía y otras fuentes y que estará a la mano para los integrantes de toda la Jurisdicción Especial para la Paz.

La magistrada Linares explicó que ese informe será el punto de partida, y que es el primero que tienen, pues tendrán que recibir documentos similares elaborados por la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, la Contraloría y las organizaciones de víctimas.

Igualmente, explicó que ya se aprobó el reglamento interno de la Corporación y recordó que se le entregó al Presidente Juan Manuel Santos el proyecto de ley de procedimiento penal, que deberá tramitarse por Congreso, y agregó que están preparando la llegada de la JEP a las regiones del país.

“Uno de los principales compromisos es que la JEP vaya a las regiones, que podamos tener una aproximación pronta con las víctimas y sus organizaciones y lo vamos a hacer. Estamos haciendo los preparativos. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento de Verdad muy próximamente saldrá a terreno a conocer de manera directa los informes de las organizaciones”, señaló.

Linares indicó que no hay una estructura de la JEP descentralizada, sino que hay 12 enlaces en diferentes partes del país. “Pero, la verdad, todavía es una estructura precaria”, señaló al indicar que el director de la Unidad de Investigación, Giovanni Álvarez también avanza en lo mismo.

Linares entregó el informe de la Secretaría igualmente a la Presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Julieta Lemaitre, quien explicó que se iniciará su análisis, así como los que faltan por recibir. Por esa razón, no hay un cronograma fijado para trabajar. “Los términos que tienen las instituciones para presentar los informes que nosotros requerimos empezaron a correr el 15 de enero, pero no podemos establecer el cronograma porque depende de lo que nos entreguen”, señaló.

Lemaitre además indicó que habrá instancias de participación de las víctimas de los casos que sean seleccionados como los más graves y representativos, con mayores responsables, para que participen en las audiencias públicas.

Senadores de las Farc

En el caso de los integrantes del nuevo partido político de las Farc, la magistrada Linares indicó que estos firmaron las actas de sometimiento a la JEP, como todos los que se sometieron, y en las que consigan su compromiso de aportar verdad, contribuir a la reparación y confesando delitos cometidos.

“Según informes de la Secretaría, varias de las personas que fueron de las Farc y que llegarían al Congreso de la República, ya suscribieron estas actas y las actas que dan vía a su participación en política. El cumplimiento de la función se atendrá con todo rigor al marco normativo, garantizando el debido proceso”, señaló.

Sobre el narcotráfico, la vocera de la Sala de Amnistía e Indulto, Xiomara Balanta, explicó que “la normatividad ha sido clara sobre el narcotráfico como delito conexo”, pero que se definirá caso por caso.

El director de la Unidad de Investigación, Giovanni Álvarez, agregó que no se llamará a la cúpula de las Farc, ni a ningún otro, porque primero deben ir ante la Sala de Reconocimiento de Verdad que es “su escenario natural”.

En el caso de los integrantes de la Fuerza Pública, se diferencia entre quienes han participado en delitos más graves y los que no. En el segundo caso, será la Sala de Definiciones Jurídicas la que aplicará el tratamiento diferenciado y, en el primero, deberán pasar a la Sala de Reconocimiento de Verdad.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló que en todos los casos que se presentan ante esta justicia “están sometidos a un régimen de condicionalidades y que para cualquier incumplimiento están previstas una serie de reacciones por parte de la jurisdicción”.

No hay proceso fiscal abierto

Sobre una carta que envió la Contraloría General de la República a la Secretaría de la JEP a raíz de la ejecución de 4.7 millones de dólares el año pasado, el Secretario Correa indicó que ese presupuesto, donados por al cooperación internacional, fueron ejecutados por las Naciones Unidas.

En ese sentido, Correa explicó que las Naciones Unidas están respondiendo a la Contraloría el detalle del gasto y que no hay abierta ninguna investigación fiscal al respecto. “Naciones Unidas está respondiendo y está en condiciones de rendir informe peso por peso”, dijo.

Correa agregó que “nos gusta mucho el control de todas las autoridades y estamos abiertos a rendir cuentas” y señaló que le respondió la carta al contralor señalando que se debería hacer un control fiscal que mire sólo cómo se gastó la plata, sino en indicadores de resultados.

¿Cómo va a funcionar cada sala?

Sala de Reconocimiento de la Verdad 

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que será liderada por Julieta Lemaitre, deberá recibir informes por conductas cometidas en el marco del conflicto y decidir si los hechos atribuidos a las distintas personas son competencias de la JEP por haber sido cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Una vez recibida la información anterior, la Sala deberá contratar la  documentación de los informes e individualizar responsabilidades. “Estamos esperando que la Fiscalía General en particular, nos presente los informes en los cuales han impartido más de dos años. También de vital importancia el informe del Consejo Superior de la Judicatura sobre las sentencias condenatorias o absolutorias, y las sentencias de la Justicia Penal Militar en los casos relevantes”, señaló.

Una vez este trabajo se haga, cada persona podrá aceptar responsabilidad o manifestar su desacuerdo con dicha individualización. “Si no hay reconocimiento, la Sala remite el caso para la investigación por la Unidad de Investigación y Análisis”, explicó Lemaitre.

Sala de Amnistía e Indulto

La Sala de Amnistía e Indulto, liderada por Xiomara Balanta, deberá otorgar estas herramientas en casos de personas condenadas o investigadas por delitos políticos y conexos cometidos en el marco del conflicto, que hayan integrado las Farc y que se hayan acogido a la JEP.

“La Sala tiene el firme compromiso de respetar el debido proceso y garantizar la seguridad jurídica de todas las personas sometidas. La misión de la Sala es garantizar la amnistía más amplia posible, pero resguardando los límites en relación con las conductas no amnistiables”, señaló.

Balanta explicó que la Sala busca garantizar el acceso de aquellas personas que desean acogerse a la JEP, siempre que cumplan con los requisitos; así como implementar los medios para estudiar todas estas peticiones y remitir las que lleguen, por delitos no amnistiables, a la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, liderada por José Milller Hormiga, resolverá el futuro de aquellas personas que no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la resolución de conclusiones de la Sala de Reconocimiento.

“A diferencia de la otra sala, nosotros vamos a recibir los casos de los delitos menos graves y donde haya menos participación con el propósito de resolver este tipo de situaciones, a través de formas de terminación anticipada de los procesos. En ese sentido, renunciamos a la persecución penal, una vez hagamos una verificación de los casos”, señaló.

Hormiga explicó que será en esta Sala en donde se hará el trato diferenciado a miembros de la Fuerza Pública, los agentes del Estado diferentes a los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como frente a terceros que se sometan de manera voluntaria a la JEP por delitos no graves.

“Vamos a atender miembros de las Farc que cometieron delitos que no son amnistiables ni indultables, pero que cuando los cometieron, eran menores de edad. Vamos a conocer también de civiles no combatientes que siendo miembros de las Farc no participaron en delitos graves”, explicó al indicar que también conocerán sobre delitos cometidos en el marco de la protesta social.

Sobre los terceros, Hormiga dijo que si alguna persona llega a ser mencionada en los procesos, deberá ser informada para que decida si se  somete a la JEP. Y, si llegare a existir mérito, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación. “No se trata de una cacería de brujas”, dijo.

La Unidad de Investigación y Acusación

Esta Unidad, liderada por Giovanni Álvarez, actúa frente a los casos que no haya habido reconocimiento y deberá investigar y de existir mérito, acusar ante el Tribunal de paz. Igualmente, deberá remitir casos a la sala de definición de situaciones jurídicas y a la sala de amnistía e indulto, cuando considere que no es necesario investigar o acusar.

“La Unidad tiene como su principal obligación garantizar los derechos de las víctimas por aquellos hechos que no han sido reconocidos individual ni colectivamente. Recibiremos las investigaciones que nos envié la Sala de Reconocimiento de Verdad, también de la Sala de Amnistía y de Definición de Situaciones y de la Sección de Revisión del Tribunal de Paz”, señaló.

Álvarez explicó que igualmente ayudarán a las Salas y al Tribunal cuando así lo soliciten y llevar sus investigaciones de manera “ágil y transparente”.