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¿Está blindado el acuerdo de paz?

El blindaje jurídico del acuerdo es débil, pero su acción política es irreversible, señala Camilo González, director de Indepaz.

Por: Carolina Bustamante

El 2 de noviembre del año 2017, la Corte Constitucional avaló el Acto Legislativo que obligaría a los tres próximos gobiernos a cumplir los acuerdos de paz con las Farc. Pero esta decisión no fue considerada una camisa de fuerza para quienes hoy proponen, desde las nuevas bancadas del Congreso de la República, reformas, ajustes o cambios determinantes a lo pactado.

Es así como la llegada del Gobierno de Iván Duque, será el primer gran reto que tiene este proceso y así lo señala Camilo González Posso, investigador y director del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), quien hace un análisis de los 5 principales puntos que conformaron el acuerdo final y los posibles cambios que se vendrían para este.

La Política de Desarrollo Agrario Integral, acordó el acceso y uso de la tierra, en el que destaca la creación de un fondo de tierras para campesinos desposeídos y un plan masivo de formalización de la propiedad.

Sin embargo, aparece un paréntesis según el director de Indepaz: “llega a partir de agosto un nuevo proyecto de ley al Congreso que tiene como fin reformar temas como el catastro multipropósito que busca priorizar y asignar mejor la inversión pública en las regiones, el creado fondo de tierras y el fortalecimiento de la economía campesina, donde señala que las facultades para hacer esas modificaciones al acuerdo serían legítimas”.

En segundo lugar y razón que motivó en gran medida la firma de este acuerdo es la participación política de los desmovilizados, con la ruptura del vínculo entre política y armas, que permita que el partido Farc actúe abiertamente. Así como brindar garantías para la oposición política y participación ciudadana.

La negativa de curules para las víctimas de conflicto en el legislativo ya es un hecho y se suma, según González, a lo ya anunciado por la coalición de Gobierno: una iniciativa o derogatoria en el acto legislativo 1, 2, y 3 (participación en política de excombatientes) que los limita, entre otras, a postularse a cargos públicos.

Acciones que ya se contemplan vía referendo o reforma constitucional, y se suma, para quienes obtuvieron una curul en el Congreso, dejarla cuando sean sentenciados por la Justicia Transicional, derivada también del acuerdo de paz.

“Estas reformas las puede hacer el nuevo Gobierno a través del Congreso o de acciones populares, pues allí se justificarían en democracia”, señala González. No se eliminan las curules dadas, pero se obliga a quienes las ocupen a no tener condenas por cumplir.

Un reto adicional en la implementación del acuerdo para los próximos años en su punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas que, implica al campesinado y al Estado en su conjunto para lograr un proceso adecuado de restitución de tierras, erradicación de cultivos ilícitos, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y consumo de drogas con un enfoque de salud pública y de Derechos Humanos.

El Gobierno entrante sostiene que la estrategia de erradicación de cultivos no ha sido exitosa. También ha señalado que se vendría un congelamiento de los proyectos de sustitución de cultivos lo que, de acuerdo con Camilo González, “generaría un traumatismo total en regiones del país”, pues miles de colombianos hacen parte de ese proceso, pero el interés actual se enfoca en dar prioridad a una política de erradicación forzada.

“Es un asunto de política y el entrante tiene capacidad para cambiar muchas cosas. Si la ley no avala cambios las acciones se dilatan y esa es otra forma de congelar lo acordado”, opina el experto y enfatiza en que se debe reconocer que no hay políticas eficientes de interdicción y por esto el acuerdo es susceptible a cambios radicales.

Otro gran abismo que se vislumbra entre lo acordado en La Habana y el gobierno Duque, es el acuerdo sobre las víctimas en el marco del conflicto armado, ya que se prometió verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una unidad para la búsqueda de personas dadas como desaparecidas, por ocasión del conflicto armado, medidas de reparación integral a los afectados y la debatida Jurisdicción Especial para la Paz, que juzga los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.

“Vamos a entrar en un proceso de renegociación de la JEP. Pero hay un proceso jurídico, un compromiso y un mandato constitucional que dificultarán sin lugar a dudas que se pueda transformar radicalmente la Jurisdicción de Paz”, sostiene Camilo González.

El gobierno saliente de Juan Manuel Santos dejó varias tareas aún por hacer, según este investigador: la formalización, ahora, de un tribunal especial de miembros de la Fuerza Pública que se sometan a esta justicia y será el Congreso el que a través de una reforma constitucional se ocupe del particular.

Lo anterior establecería nuevos mecanismos y mayores limitaciones para que los militares puedan ser juzgados.

Más del 50% de la población de Colombia proviene de zonas rurales, según el director del centro de estudios de paz, apostaron por un proceso que permitiera reactivar la economía agrícola, la inversión extranjera y dejar atrás a través de justicia, verdad y reparación más de 5 décadas de conflicto armado.

Lo anterior constituye razones suficientes para que los próximos gobiernos tengan claro que “No podemos negar que hay una dinámica actual de incumplimientos y el blindaje jurídico del acuerdo es débil pero su acción política es irreversible”, sostiene.

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