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Imputan delitos a policías implicados en incendio del CAI en Soacha

Ante el juez primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Soacha, la Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio a la subteniente Aleida del Pilar González, el teniente Jorge Eliécer Suárez Orduz y el patrullero Gabriel Ruiz Moreno, señalados de participar en el incendio en el CAI de San Mateo, Soacha, que acabó con la vida de ocho detenidos. 

Los delegados de la Fiscalía General aseguraron que cuentan con todas las pruebas para demostrar que supuestamente los uniformados no evitaron la muerte de los detenidos en medio de la conflagración, que se registró en los calabozos el 4 de septiembre del año pasado.

Por su parte, los abogados de los patrulleros insistieron que el incendio habría sido provocado por los mismos internos y que incluso podría considerarse un intento de suicidio, por lo que los uniformados se declararon inocentes de los delitos.

A su vez en esta audiencia se negó la posibilidad de que el proceso fuera llevado por la Justicia Penal Militar. Hoy se conocerá si los uniformados serán cobijados con medida de aseguramiento o no.

Proceso en la Procuraduría General

Por estos mismos hechos, avanza en la Procuraduría General el juicio contra los patrulleros, pues con su comportamiento, presuntamente omisivo, habrían incurrido en los delitos de homicidio y lesiones con perturbación funcional. 

De acuerdo con el Ministerio Público, el teniente César Martínez y la subteniente Aleida González, quienes se desempeñaban como comandante y subcomandante de la estación de Policía, al parecer no habrían impartido las órdenes necesarias para evitar las lesiones de tres de los detenidos y la muerte de las ocho personas restantes que compartían la celda. 

Además, el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz, quien era el custodio de servicio en la estación policial y tenía las llaves de los dos candados con los que se aseguraba la celda, “debió proceder de manera inmediata a mitigar el fuego con la utilización del extintor y abrir la reja para que salieran los detenidos preservando su vida e integridad”, situación que al parecer no ocurrió, sino que el uniformado se burló de los detenidos diciendo “que se quemaran”, como señalaron testigos.

En este proceso, la defensa de los patrulleros buscaba la nulidad del caso, asegurando que la Procuraduría General no había presentado todas las pruebas y que no era deber de los policías proteger la vida de los detenidos, argumentos que rechazó el ente de control que continúa con el juicio.