Aspersión aérea con glifosato: ¿en qué consiste el nuevo decreto del Gobierno?

El Gobierno Nacional expidió este lunes un decreto que permitiría el regreso de la aspersión aérea con glifosato como parte de la lucha contra el narcotráfico, que, según han informado, incluye el control de riesgos para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, las reacciones en contra no se han hecho esperar. ¿En qué consiste el marco normativo y qué alegan sus críticos?

El decreto describe que “se adopta el marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente” del programa para la erradicación de cultivos de uso ilícito a través del método de aspersión aérea con glifosato.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, esta directriz acata la sentencia T-236 de 2017 y el auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional, en los cuales se contemplan los riesgos y la afectación de este herbicida en la población civil.

“El decreto corresponde a una medida de carácter reglamentario que ordenó la Corte Constitucional como alternativa de regulación del proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decida si reanuda el programa para la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea”, anotó el ministro.

Y es que en el año 2015, el CNE suspendió el programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea, luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera de la posibilidad de que el glifosato tuviera componentes altamente cancerígenos.

El jefe de la cartera de Justicia afirmó que las condiciones para que inicie esta práctica depende del CNE e indicó que en estas operaciones estarán excluidos el Sistema de Parques Nacionales Naturales y los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

El funcionario señaló que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) realizarán un seguimiento continúo sobre los efectos de la aspersión aérea en el medio ambiente y en la salud, además de entregar informes de evaluación al CNE para que este adopte las decisiones correspondientes frente al riesgo de afectación.

“El decreto incluye la revisión automática de las decisiones por parte del CNE. Para el efecto se determina que la ANLA y el INS, en caso de evidenciar nuevos impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, se revisen y envíen el correspondiente informe al CNE”, afirmó Ruíz.

Sin embargo, en diálogo con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, David Restrepo, director del Área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente de la Universidad de Los Andes, afirmó que quedan dudas de si las mencionadas entidades regulatorias realizarán un trabajo riguroso e imparcial, o al contrario tendrán “pronunciamientos sesgados”.

“El año pasado la Policía presentó el Plan de Manejo Ambiental en el que se trató de suministrar información sobre cómo se va a hacer la aspersión, y allí en el dossier de estudios que presentaron no había ninguna evidencia, por lo menos en Colombia, que demuestre que la aspersión aérea como se está planteando no haga daño. Por el contrario, hay cada vez más evidencia científica en todo el mundo que demuestra que esta sustancia y sus derivados causan perjuicio a la salud y al medio ambiente”, expuso Restrepo.

En el decreto del gobierno, según explicó el ministro Ruíz, el CNE será la única entidad que decida si modifica o suspende el programa, considerando las dificultades que se encuentren en los informes de evaluación y seguimiento. Y explicó que los efectos adversos en salud y las quejas que se deriven del programa deberán atenderse por una autoridad distinta al ejecutor del programa.

El docente Restrepo, por su parte, agregó que existen opciones más efectivas y menos perjudiciales para combatir el negocio del narcotráfico, como es el caso de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el uso alternativo de la hoja de coca.

“En otros países existen estrategias muy importantes que permitiría sustituir el uso de cocaína por estimulantes naturales de bajo riesgo, como derivados de hoja de coca, y esto podría limitar la demanda de cocaína e impactar al narcotráfico”, expresó.

Además, enfatizó en que el uso de glifosato representa un problema económico que se sumaría a la crisis ya latente causada por la pandemia de coronavirus, toda vez que, aunque el “cultivo de coca no representa si el 1% del valor de la cadena de suministros del narcotráfico, sí representa sustento a miles de familias colombianas al borde de la pobreza, y arrebatarle los cultivos sin darles otra alternativa es una catástrofe económica para ellos".

El ministro Ruíz aclaró que cuando la ejecución del programa pueda afectar directamente a las comunidades étnicas debe adelantarse el proceso de consulta previa y garantizar su participación “antes, durante y después del proceso”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que “el programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes".

Resaltó Molano que estas operaciones se enfocarán en cultivos de coca plenamente identificados a través de sensores remotos y verificados mediante el empleo de plataformas aéreas, y confirmó a la Policía como ejecutora del Programa de Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito mediante aspersión aérea con glifosato.

Restrepo insistió en que esta política, aparte de ser un gasto innecesario en un momento en el que el país está sumergido en una crisis económica, es la peor herramienta para el control de cultivos de uso ilícito, teniendo en cuenta las grandes afectaciones que provoca en el medio ambiente y en la salud.

“Es triste, lamentable que el Gobierno insista en esa política que hemos dicho durante años: no le sirve al país, lo perjudica, no afecta al narcotráfico, de hecho lo refuerza, genera afectaciones de salud y al medio ambiente, y genera un gasto innecesario en momento de crisis”, expresó.

Así las cosas, antes de convocar al CNE y con dos de los tres puntos listos exigidos por la Corte Constitucional, faltaría un concepto de los riesgos ambientales, que debe dar la ANLA, para que se tome una decisión sobre las aspersiones en el país.