Solicitan medida cautelar para proteger comunidades indígenas en Ituango, Antioquia
Frenar el abandono forzado de tierras, el despojo y el confinamiento al que han sido sometidas 81 familias integradas por 378 personas del resguardo indígena Jaidukamá del municipio de Ituango, Antioquia, es el propósito de la solicitud de medida cautelar que realizó la Unidad de Restitución de Tierras, ante la justicia especializada de Antioquia, para el restablecimiento de sus derechos fundamentales y territoriales.
“Las acciones relacionadas con la violencia que fundamentan la solicitud de estas medidas cautelares, se relaciona con la presencia de actores armados, la presencia de minas antipersonales y el reclutamiento forzado de sus niños por parte de los grupos ilegales que operan en la zona”, dijo Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.
El pueblo Embera Katío Eyábida de Jaidukamá, habita en las veredas San Matías y San Román, a dos días del casco urbano del municipio de Ituango; con la solicitud de la medida cautelar se busca una intervención integral del Estado, con el fin de evitar un daño irreparable a esta comunidad étnica de Antioquia, donde según la Unidad de Restitución de Tierras, las acciones delincuenciales han traído riesgos asociados a la seguridad alimentaria del colectivo y han diezmado su libertad, al no poder desarrollar actividades tradicionales básicas para su pervivencia física y cultural.
“Hemos venido trabajando con el pueblo Embera Katío Eyábida de Jaidukamá desde 2019, con resultados sustanciales en el proceso, para establecer las afectaciones territoriales que han victimizado a la comunidad y a su territorio ancestral. Sin embargo, previo a la presentación de la demanda de restitución de derechos territoriales indígenas”, sostuvo la funcionaria.
Mahecha señaló que es apremiante que la justicia decrete las medidas cautelares preventivas solicitadas, debido a que se han identificado situaciones graves y urgentes, “las cuales requieren de la intervención inmediata de las instituciones, para frenar los daños irreparables ocurridos dentro del colectivo étnico y evitar la materialización de otros nuevos”, expresó.
Tanto la Unidad de Restitución de tierras, como las 81 familias indígenas, esperan una respuesta urgente que les permita acabar con la zozobra y el miedo, generados por los problemas de orden público en la zona.
