“Los 11 de Jericó" ganaron primer pulso judicial contra la multinacional AngloGold
En un fallo considerado como un alivio para las organizaciones sociales y ambientales, un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó, Antioquia, se negó a imponer medida de detención preventiva a once campesinos judicializados por protestar contra el proyecto minero Quebradona, liderado por la multinacional AngloGold Ashanti.
Los campesinos, conocidos ya como “los once de Jericó”, fueron señalados por la Fiscalía de haber cometido los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales durante manifestaciones realizadas en 2021.
Los hechos, según la denuncia de la empresa, incluyeron la detención temporal de trabajadores en un predio de uso público, la remoción de una plataforma de perforación presuntamente instalada sin autorización, y una mordedura provocada por un perro perteneciente a uno de los manifestantes.
Sin embargo, el juez consideró que no era necesario imponer detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial, como había solicitado la Fiscalía. En cambio, los campesinos deberán cumplir con medidas no privativas de la libertad: no podrán salir del país, deberán mantener buena conducta y presentarse ante las autoridades cuando sean requeridos.
“La defensa de la naturaleza no debe ser equiparada a la comisión de un delito”
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) —organizaciones defensoras de derechos humanos que integran el equipo jurídico de los campesinos— expresaron su preocupación por una investigación que, según dijeron, criminaliza la defensa del territorio.
En un comunicado conjunto, advirtieron que “la defensa de la naturaleza no debe ser equiparada a la comisión de un delito” y cuestionaron la interpretación de la Fiscalía, que convierte acciones de protesta legítima en cargos penales.
Además, denunciaron que la presencia de multinacionales extractivas en el suroeste antioqueño ha alterado la paz, la democracia local y la vocación productiva del territorio. “Durante más de dos décadas, multinacionales extractivas han arribado a la región atraídas por la riqueza de sus recursos naturales. Su presencia ha introducido medidas que alteran la paz, la sana convivencia y la democracia, poniendo en riesgo recursos esenciales —como el agua, las montañas, la flora y la fauna—”, señalaron. Esta intervención, afirmaron, ha provocado “un deterioro en las dinámicas sociales y rupturas significativas en el tejido comunitario”.
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Respaldo ciudadano y liderazgo social
Sebastián Escobar, abogado del Cajar, valoró la decisión del juzgado como un reconocimiento al liderazgo social de los once campesinos. “Nos parece muy positivo que el juzgado haya decidido mantener la libertad de los 11 campesinos mientras avanza el proceso, una decisión que toma en consideración el liderazgo que estas personas han ejercido durante largos años”, afirmó.
Escobar también hizo un llamado a que cesen las estigmatizaciones contra los líderes sociales de Jericó. “Hacemos un llamado para que estas personas cuenten con garantías judiciales, no solo para que puedan desarrollar el proceso bajo el amparo del derecho al debido proceso, sino también para que cesen contra ellos las estigmatizaciones que desde diferentes sectores se han emprendido”, dijo.
Según el abogado, el respaldo ciudadano a la movilización por el agua y el territorio ha sido fundamental. “Justamente vemos con preocupación que las nuevas estrategias para robustecer las judicializaciones contra el movimiento social sean desacreditar públicamente la lucha que han venido emprendiendo”.
Contexto nacional y tensión con la ANM
La reciente prórroga otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) a la etapa de exploración del proyecto Quebradona —la tercera desde que inició— generó un fuerte malestar en sectores ambientalistas y la renuncia de una alta funcionaria de la entidad. Los cuestionamientos de la ciudadanía sobre la entidad han sido incisivos.
El caso ha captado la atención de organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo, que han solicitado garantías judiciales y respeto a los derechos humanos de los líderes campesinos, argumentando que su judicialización podría representar una forma de criminalización de la protesta social en defensa del agua y el territorio.
Para las comunidades del suroeste antioqueño, este primer revés judicial para la multinacional representa una victoria parcial, pero simbólica. Aun así, el proceso continúa y podría marcar un precedente clave en el tratamiento legal de las luchas sociales por el medio ambiente en Colombia.
Puedes ver todo el reporte de Señal Investigativa aquí:
