La asistencia humanitaria en medio de las dificultades
El 21 de marzo de 2021, la frontera colombo venezolana entre Arauca y el Apure empezó a vivir una emergencia humanitaria sin precedentes que duró cerca de tres meses.
Por esos días, cerca de 7.220 personas llegaron a Arauquita en el lado colombiano, luego de los enfrentamientos entre grupos armados del otro lado de la frontera. Los migrantes llegaron desplazados al parque principal en horas de la noche y rápidamente fueron ubicados en colegios y albergues improvisados en los polideportivos.
Las autoridades locales vieron de inmediato desbordada su capacidad de respuesta ante la emergencia, pero tuvieron el apoyo del gobierno nacional y organizaciones humanitarias que respondieron oportunamente y resolvieron la situación.
“El primer mes fue muy crítico. Teníamos colapsado el sistema de agua potable y el sistema de salud, pero gracias a los trabajos coordinados del Puesto de Mando Unificado y la cooperación internacional se logró llevar saneamiento básico, salud y educación a estas personas. Esto se logró activando brigadas y diferentes puntos de atención” señaló Raúl García, secretario de gobierno y convivencia ciudadana de Arauquita.
Para evitar complicaciones de salud pública se activaron planes de contingencia en emergencia, adecuaron un pozo profundo para mantener agua potable en el hospital San Lorenzo que permitiera el abastecimiento necesario en horas de la noche.
Actualmente, en Arauquita permanecen alrededor de tres mil personas de nacionalidad venezolana.
García explica que “cooperación internacional continúa prestando la asistencia humanitaria en el territorio. OIM presta servicios de primer nivel en salud, entrega medicamentos, atiende especialidades en pediatría, ginecología, psiquiatría; Primera Urgencia Internacional nos apoya con servicios de primer nivel; la ESE departamental Moreno y Clavijo atiende esta población en la zona rural con servicios de urgencias y hospitalización. Además, tenemos el apoyo de UNICEF, She Is, Save the Children, UNFPA y Fupad que también llevan servicios a la población migrante”.
En cualquier escenario difícil, la asistencia humanitaria es fundamental, tanto en los conflictos, como en los desastres naturales o simplemente en situaciones de vulnerabilidad por las condiciones de vida.
En el departamento del Meta, se destaca la labor de la Defensa Civil Colombiana, la institución social y humanitaria más grande del país, que cuenta con una gran cantidad de voluntarios para atender todo tipo de emergencias.
En lo corrido del 2023, la entidad ha atendido tres situaciones especialmente significativas, dos de ellas por la temporada invernal en el municipio de El Dorado, Meta. Allí, se dispuso toda la capacidad de búsqueda y rescate, inicialmente por dos días y luego otros cuatro días más, atendiendo la zona ribereña del río Ariari, que, por su desbordamiento, afectó ocho veredas que quedaron totalmente inundadas y dejó aproximadamente 150 familias damnificadas, con pérdida de cultivos y animales.
La más reciente, la tragedia ocurrida en el municipio de Quetame, en Cundinamarca, donde los deslizamientos de tierra cobraron la vida de 30 personas. En este caso, la Defensa Civil fue el grupo de respuesta que llegó al sitio y ayudó a realizar la limpieza del acceso a la vereda, además de apoyar a la mañana siguiente con el rescate de los cuerpos de las víctimas.
En cuanto a la preparación ante las diferentes catástrofes, los voluntarios están en constante capacitación para atender cualquier tipo de situación, sin embargo, y como se evidenció recientemente luego del sismo ocurrido el 17 de agosto, son escasos los equipos y elementos de atención.
“El sismo nos mostró una carencia absoluta de manejo de desastres, porque el pánico, no por los voluntarios, sino por parte de los ciudadanos, es incontrolable. La comunidad no tiene capacitación para afrontar un desastre de este tipo”, indicó Germán Camargo, coordinador operativo de la Defensa Civil Colombiana, seccional Meta y Llanos.
Atención por el desplazamiento al sur del país
En el departamento de Nariño, especialmente en los municipios de la Costa Pacífica Nariñense, según el Defensor Regional del Pueblo, Jair Mena, se han presentado cerca de seis desplazamientos masivos durante este año por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la presencia de minas antipersonal en la zona rural de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.
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A estas personas que han tenido que salir de sus hogares, se les brinda la asistencia humanitaria, “en primera instancia esto corresponde a la administración municipal, quienes brindan la atención inmediata, después de hacer un censo de las personas afectadas, es la Unidad para las víctimas quien atiende a la población”, afirmó Mena.
La atención más reciente que realizó la Unidad para las Víctimas en el departamento fue durante el mes de agosto, cuando entregó 3.383 kits de alimentos y aseo para igual número de familias que se encuentran confinadas a causa del conflicto armado y que están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Subsistencia Mínima Étnica (SME), una modalidad de atención para comunidades étnicas, también entregó ayudas humanitarias.
En Nariño, los municipios beneficiados fueron Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera.
Nota realizada por los estudios de Radio Nacional de Arauquita, Villavicencio y Tumaco.
