Sigue la conmoción en Colombia por la muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia y falleció a principios de febrero luego de caerse de una bicicleta en el departamento del Huila. Ante los señalamientos de algunos sectores, el presidente Gustavo Petro dio a conocer la trazabilidad de la atención médica que recibió el menor y reveló detalles de la historia clínica.
Durante la entrega de una potabilizadora de agua en La Guajira, el mandatario afirmó que el niño no recibió en enero, por parte de la Nueva EPS, el medicamento que mantenía controlada su condición, pero explicó que esto obedeció a un traslado de su familia del Huila a Santander.
“En diciembre, la familia pidió traslado para Santander por cuatro meses, luego de haber recibido el 14 de diciembre la última dosis en el Huila. Regresaron a Pitalito en enero y por eso no recibió la dosis ese mes, que era cada 28 días. Aquí hay que determinar la responsabilidad individual, tenía que haber recibido una dosis el 14 de enero”, indicó el presidente.
Según el reporte del Ministerio de Salud leído por el mandatario, el interventor de la Nueva EPS se comprometió a suministrar la dosis faltante el 9 de febrero. Sin embargo, un día antes, Kevin Acosta sufrió una caída en un polideportivo, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.
“Sufre un traumatismo craneoencefálico severo. Pierde el conocimiento por cinco minutos y presenta sangrado por el oído y la nariz. Queda somnoliento, lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila. Lo remiten al hospital de Pitalito, de segundo nivel, donde le practican una tomografía que evidencia fractura y hematomas”, describió el mandatario.
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Posteriormente, el presidente señaló que ante el deterioro del menor se recomendó una intervención quirúrgica, pero la madre no aceptó. “Hay informe del rechazo firmado y se decidió continuar con tratamiento clínico”, precisó.
El niño fue trasladado en avión al Hospital La Misericordia en Bogotá, donde pese a la atención médica falleció. El mandatario insistió en que se debe profundizar la investigación para establecer si existe alguna responsabilidad distinta a la familiar, especialmente en lo relacionado con el traslado entre Santander y Huila y la interrupción en la aplicación del medicamento.
Finalmente, el presidente se defendió de los señalamientos de sectores políticos y de prensa que sugieren responsabilidad del Gobierno, y afirmó que no se puede emitir un pronunciamiento definitivo sin conocer los resultados de la autopsia de Medicina Legal.