Víctimas del Bloque Sur de las Farc-EP exigen verdad en el Caso 10 de la JEP

Diversos relatos sobre hechos victimizantes se escucharon durante las sesiones tercera y cuarta de la audiencia de observaciones a las versiones dadas por 32 comparecientes, quienes integraron el Bloque Sur de las extintas Farc-EP, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Caso 10. Madres, esposas y familiares exigieron saber la verdad sobre lo que ocurrió a sus seres queridos.

Con información de JEP_Colombia

Esta nueva etapa de escuchas a las víctimas inició en la ciudad de Florencia, Caquetá, donde víctimas acreditadas en el Caso 10 continuaron presentando observaciones a las versiones de comparecientes del Bloque Sur de las extintas Farc-EP por crímenes no amnistiables cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y algunas regiones de Meta, Huila, Cauca y Nariño.

“En sus versiones ante la Sala de Reconocimiento, los comparecientes tuvieron que aportar verdad sobre desapariciones forzadas, homicidios, masacres, atentados y tomas guerrilleras que impactaron a la población civil, así como sobre otros crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado y que son investigados por la JEP en el Caso 10”, informó la JEP a través de su cuenta de X.

El magistrado auxiliar itinerante, Carlos Alberto Mejía Walker, recordó que “la centralidad de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son esenciales para la Jurisdicción Especial para la Paz”.

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La necesidad de verdad de las víctimas

Islena Camacho, víctima acreditada de Caquetá, contó cómo en 1987 en la zona rural de Cartagena del Chairá hombres armados se llevaron a su esposo Teodolindo Vanegas. Y varios años después se desplazó con sus cuatro hijos tras ser amenazada por seguir buscándolo.
“Me dijeron: 'señora, estése quieta porque le quitamos a los niños'. (...) Y me vine para acá, para Florencia”. “Lo único que les exijo a estos señores de las Farc es que me digan dónde lo dejaron, dónde lo tienen, pero yo necesito la verdad”, exigió a los comparecientes.

De otro lado, Carlos Ramiro Chavarro Cuellar, víctima acreditada en el Caso 10, señaló que en las versiones de los comparecientes “no hubo verdad, no hubo justicia, no hubo reparación”, en referencia al atentado con explosivos que sufrió el 3 de diciembre de 2005, en la vía que comunica el municipio de Hobo con Gigante, Huila, por integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc-EP. En ese atentado perdió la vida Jaime Lozada Perdomo, exgobernador de Huila.

“Me desarraigaron del territorio, desintegraron mi familia, nos generaron desplazamiento, temor por mi vida, por la de mi familia", dijo el político Chavarro Cuellar, señalando que continuó recibiendo amenazas, persecución e intentos de acabar con su vida.

Por su parte, Carmen Osorio Mejía preguntó por la desaparición de su hermano, Carlos Enrique, ocurrida en diciembre de 1988, en La Montañita, Caquetá, cuando había salido a trabajar. Relató que fue amenazada de muerte por los mismos hombres que lo desaparecieron si continuaba buscando información sobre lo ocurrido.

“¿Qué pasó con mi hermano? ¿Cuál fue el motivo por el cual lo desaparecieron? Llevo 38 años buscándolo y no lo hemos podido encontrar”, preguntó la mujer víctima a los comparecientes.

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Una nueva sesión en Bogotá

Durante la cuarta sesión desarrollada en Bogotá, las víctimas acreditadas en el Caso 10, en el que se investigan desapariciones forzadas, masacres, atentados, tomas guerrilleras, entre otros hechos atribuidos a las extintas Farc-EP, el magistrado auxiliar, Felipe Alejandro Galvis, quien presidió la audiencia, destacó la centralidad de las víctimas:
“La satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son esenciales para la JEP. Por esto, queremos escuchar de su viva voz los pendientes en materia de verdad y de reconocimiento” (que esperan de los comparecientes del Bloque Sur de las extintas Farc-EP).

Allí las víctimas acreditadas continuaron presentando observaciones sobre lo dicho por los comparecientes del Bloque Sur de la antigua guerrilla ante la JEP.

Es el caso de Mariela Hico Rodríguez, víctima acreditada por el asesinato de su esposo Álvaro Rubiano Suárez, el 20 de julio de 1992, en Florencia, Caquetá, quien preguntó a los comparecientes de las Farc-EP sobre cuáles eran esos motivos para asesinarlos y exigió aclarar cuál era esa orden, de dónde venía y por qué querían desaparecerlo.

En sus demandas sobre el asesinato de su esposo, la señora Mariela Hico Rodríguez le pidió a la JEP “que este homicidio quede como un caso de lesa humanidad”. En respuesta, el magistrado auxiliar Felipe Alejandro Galvis señaló que “esa demanda que usted está haciendo, la Sala la tiene en cuenta y la va a confirmar en el auto de hechos y conductas”. Cabe resaltar que Rubiano Suárez era un joven concejal del partido Conservador, quien previo a su asesinato había denunciado un desfalco al municipio, así lo precisó la JEP en su cuenta de X.

“¿Por qué ordenaron su muerte?”, les preguntó Mario Fernando Ricardo Trujillo a los comparecientes del extinto Bloque Sur de las Farc-EP sobre el asesinato de su padre, Ángel Ricardo Acosta, el 2 de septiembre de 1987 en Florencia.
Para ese momento, él era presidente de la Asamblea Departamental de Caquetá. “Mi papá era el eje de la familia”, dijo la víctima.

Por su parte, María Reined Cabrera Trujillo exigió justicia ante la JEP por el asesinato de su esposo, Rafael Tovar Poveda, el 29 de diciembre de 1993, en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá. Pidió a los comparecientes del extinto Bloque Sur que aclaren si hubo civiles involucrados en la muerte de su esposo, quien fue amenazado tras las gestiones que hizo para un acueducto local.

También Ana Idaly Ardila Rusinque vino a estas audiencias de observaciones para exigir justicia por el asesinato de su esposo, Rubén Darío Chávez Perea. Contó que el 28 de octubre 2014, en Belén De los Andaquíes, Caquetá, su vida y la de su hija cambiaron con ese crimen. “Teníamos muchos sueños, trabajamos juntos por tener un hogar, para tener una casa, para tener un techo propio y ver crecer a nuestros hijos”, dijo la víctima.
Según explicó su representante legal, piensan que su asesinato fue producto del no pago de una extorsión a la empresa donde el señor Chávez trabajaba.

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Otra de las víctimas del departamento del Huila también llegó a la audiencia a exigir verdad, Guillermo Toledo Murcia recordó el asesinato de su hijo Guillermo Toledo Cardozo, el 30 de diciembre de 2004, en Algeciras, Huila. En este hecho, además, fue herida la madre del menor y su entonces compañera sentimental. Toledo Murcia dijo que se trató de una represalia de las antiguas Farc-EP por la labor que él desempeñaba como concejal y agregó que tras el crimen, tuvieron que desplazarse.

“Ha sido muy duro, como padre, como líder político, como concejal. Nos ultrajaron, nos dejaron Algeciras vuelto nada”, expresó Guillermo Toledo Murcia, quien, a través de su abogada pidió que se reconociera este hecho como parte de la política de persecución que tenía las Farc-EP contra liderazgos políticos.

Al concluir las jornadas, Liliana Bohórquez, representante del Ministerio Público, dijo: “Sabemos que el conflicto armado dejó marcas que difícilmente podrán ser borradas, pase el tiempo que pase. No obstante, esta representante tiene la certeza de que su valentía es aún más grande que las circunstancias y adversidades”. También dijo que las voces de las víctimas serán fundamentales para identificar las dinámicas de violencias del extinto Bloque Sur de las Farc-EP que deben ser reconocidas.

A su vez, el magistrado auxiliar Felipe Galvis, quien presidió esta audiencia, cerró la jornada agradeciéndoles a las víctimas por sus relatos y las observaciones que presentaron sobre lo dicho por los comparecientes del extinto Bloque Sur de las Farc-EP ante la JEP.

“Gracias por permitirnos conocer a través de sus palabras a sus seres queridos, y hechos que fueron absolutamente injustificables y absolutamente dolorosos”, les dijo. También les aseguró que la JEP seguirá trabajando para hacer justicia por estos hechos atroces, para identificar a los máximos responsables y documentar el daño causado.

Las audiencias de observaciones de las víctimas del Bloque Sur de las extintas Farc-EP continuarán los días 27 y 28 de noviembre y 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Una vez concluya esta etapa, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastará los aportes de los comparecientes con las observaciones de las víctimas y otras fuentes de información para continuar con el proceso judicial del Caso 10, en el que se investigan desapariciones forzadas, masacres, atentados, tomas guerrilleras, entre otros hechos atribuidos a las extintas Farc-EP.