Polémica por Vive Claro: concejal Cuesta denunció daño ambiental; Secretaría de Ambiente respondió
La instalación del escenario Vive Claro, con capacidad para cerca de 40.000 personas y operado por OCESA Colombia, ha generado una intensa polémica en Bogotá.
El concejal José Cuesta denunció que la adecuación del terreno estaría afectando un ecosistema de humedal y cuestionó la legalidad de las intervenciones, al considerar que se trata de una zona con alto valor ecológico.
“Lo que vemos aquí es una grave afectación ambiental. Se está interviniendo una zona que, aunque oficialmente no figure como humedal, sí cumple funciones ecosistémicas claves”, afirmó Cuesta, quien ha solicitado una revisión técnica independiente del caso.
Respuesta Secretaría de Ambiente
Frente a las críticas, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de su subsecretario general de Ambiente (e), Daniel Páez, respondió que desde 2013 existen estudios técnicos que descartan que el terreno tenga características de humedal.
“No hay concentraciones naturales de agua ni conexión con cuerpos hídricos cercanos”, explicó.
La entidad también precisó que el proyecto cuenta con permisos ambientales vigentes, bajo los cuales se conservaron 145 árboles, se trasladaron dos, y se ordenó la compensación con 509 árboles nuevos por la intervención de 81 ejemplares.
Te recomendamos leer: Distrito asume control de obra en la av. Ciudad de Cali tras prolongados retrasos bajo su vigilancia
Inició el sexto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor: así puede reclamar el beneficio
No obstante, en diciembre de 2024 se identificó la intervención no autorizada de 14 árboles, regularizada posteriormente en enero de 2025.
Por su parte, Cuesta denunció la consolidación de un gran negocio internacional alrededor de la industria del entretenimiento, con escenarios como el Movistar Arena, la APP del Campín y ahora el escenario Vive Claro, que permitiría la concentración simultánea de hasta 70.000 personas.
Finalmente, aseguró que esta nueva realidad urbanística se está imponiendo de hecho, sin discusión pública ni planeación transparente, y que podría derivar en un proceso de gentrificación que expulse a más de 100.000 residentes del sector.
