Familiares de víctimas de masacre en Llano Verde exigen investigar a empresa de vigilancia

Familiares de las víctimas de la masacre de Llano Verde en Cali, le exigieron a la Fiscalía General de la Nación investigar la procedencia e historial de la empresa de vigilancia Control Interno y Transporte S.A.S, en donde trabajaban Juan Carlos Loaiza, detenido por el caso y Gabriel Alejandro Bejarano, quien es buscado por las autoridades.

Elmer Montaña, abogado de los familiares de las víctimas de esta masacre, denunció que la empresa Control Interno y Transporte S.A.S, para la que la trabajaban dos de los implicados, cambió de razón social luego de ser desmantelada por la Fiscalía por el envío de armas a disidencias de las Farc.

“Está claramente establecido que al menos dos de las personas involucradas en el hecho, el caso de Loaiza que fue capturado por la Policía y Gabriel Alejandro Bejarano que hoy se encuentra prófugo, trabajaban en una empresa denominada Control Interno y Transporte S.A.S. Esa empresa le prestaba servicios, no a los cañaduzales, sino a una constructora que estaba llevando a cabo unas obras de reparación en el Jarillón de Navarro, a varios kilómetros de distancia del sitio donde fueron encontrados los jóvenes asesinados”, indica Montaña.

El accionar irregular de esta empresa fue evidenciado el año pasado tras un operativo de la Fiscalía. “Esa empresa, Control Interno y Transporte S.A.S, está recién creada. Comenzó a funcionar o nació la vida jurídica a partir de enero de este año, pero con anterioridad esa empresa se denominaba Búho Servicios Valle S.A.S. que prestaba servicios de vigilancia. Resulta que la empresa Búho Servicios Valle S.A.S., fue desmantelada en octubre del año pasado en un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Judicial, porque había encontrado que se trataba de una empresa fachada criminal que era utilizada para enviarle armas a disidencias de las Farc que opera en el Pacífico colombiano”, aseveró el abogado.

“Después del operativo resulta que la empresa desaparece y surge a la vida este Control Interno y Transporte S.A.S con sede en el mismo lugar en donde operaba Búho Servicios Valle S.A.S.”, puntualizó.

Por esto, dice Montaña, el caso podría dar un giro pues no estaría claro si los menores fueron asesinados solo por comer caña en el lugar, como lo anunciaron las autoridades. “Nos comenzamos a formular una serie de interrogantes. En primer término: ¿esto fue un hecho aislado de unos psicópatas que encontraron a los niños, los torturaron y después decidieron asesinarlos? o ¿este es un caso que tiene que ver de pronto con reclutamiento forzoso ?, si partimos del hecho de que esta es una empresa que está relacionada con actividades criminales que están vinculadas además con disidencias de las Farc. ¿Se trata de un escuadrón de la muerte?”, expresó.

“Son una serie de interrogantes que estamos transmitiendo a la Fiscalía General de la Nación, porque esto no puede quedar simplemente en la captura de estos dos sujetos. Aquí hay que establecer los móviles, las víctimas tienen derecho a la verdad y la única autoridad que la puede establecer es la Fiscalía”, finalizó Montaña.

Las autoridades aumentaron la recompensa a $50 millones para quien entregue información que permita la captura de Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El Mono’, el tercer implicado en la masacre.