Advierten a Cárcel Distrital de Bogotá que no puede vulnerar derechos de visitantes
Dayro Camilo Barrera y otras 107 personas presentaron una tutela ante la Corte Constitucional en representación de sus familiares contra la Cárcel Distrital de Bogotá a la que señalan de por vulnerar sus derechos fundamentales a la dignidad, intimidad, familia, presunción de inocencia y resocialización.
Aseguraron que las visitantes fueron sometidas por los guardias a requisas abusivas y humillantes, en las que las mujeres fueron obligadas a quitarse las prendas de vestir, para poder ingresar a la cárcel, quedando incluso una de ellas en ropa interior.
Ante estos hechos, el alto tribunal ordenó a la directora de la Cárcel Distrital de Bogotá tomar todas las medidas necesarias para evitar que los guardias de seguridad sometan a las personas privadas de la libertad y a los visitantes a tratos crueles, humillantes y degradantes, por lo que deberá prohibir que las personas sean tocadas en sus partes íntimas o que sean obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas.
La directora además tendrá seis meses para adquirir un escáner corporal de rayos x que permita eliminar el contacto físico entre guardias y reclusos o visitantes durante las requisas, “para el efectivo cumplimiento de esta orden, la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá prestará al establecimiento carcelario toda la asistencia administrativa, presupuestal y logística que se requiera”, advierte la corporación.
Igualmente, la Corte le da siete días a la directora del penal a calibrar las sillas y arcos detectores de metales con los que cuenta actualmente, para que sean usados antes de cualquier requisa.
Asimismo, en 15 días se deberá crear un nuevo protocolo de seguridad para los procedimientos. “En este protocolo debe indicarse con claridad que las requisas intrusivas llevadas a cabo por parte de la guardia del establecimiento carcelario se encuentran constitucionalmente prohibidas. La información del nuevo protocolo referente a las requisas deberá ser ubicada en un lugar visible para las personas privadas de la libertad y los visitantes”, señala.
Finalmente, la Corte Constitucional ordenó compulsar copias a la Fiscalía General y a la Procuraduría General, con el fin de que se adelanten las investigaciones a las que haya lugar, “y se esclarezca si las conductas denunciadas en el proceso de la referencia fueron cometidas por el personal de vigilancia de la Cárcel Distrital”.
