Según el Ejecutivo, durante varios años el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) subsidió el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que representó un elevado costo fiscal para el Estado.
Transporte público queda excluido de la medida
Con la expedición del decreto, el precio del diésel para estos vehículos se acerca a su valor real de mercado, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida. De esta manera, el Gobierno aseguró que con esta medida se pretende que no haya incrementos que afecten tarifas del transporte público ni impactos en el costo de los alimentos, el transporte o el presupuesto de los hogares colombianos.
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Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la decisión responde a criterios de equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. “El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó.
Implementación gradual y con seguimiento en las ciudades
La implementación del mecanismo será gradual y focalizada, iniciando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Esto permitirá un seguimiento detallado del impacto de la medida antes de considerar su ampliación a otros municipios.
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Finalmente, el ministro Palma reiteró que no se trata de un aumento generalizado del precio del combustible. “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”, concluyó.