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¿Colombia está preparada para la cadena perpetua contra asesinos de menores?

El alto porcentaje de impunidad sería para los congresistas y expertos, el verdadero problema de fondo.

Por: Eveling Rico

En la últimas horas, con 135 votos a favor y 22 votos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que busca establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en Colombia. De esta manera, a la iniciativa solo le restarían dos debates en el Senado para convertirse en norma constitucional.

En el Congreso la iniciativa ha generado puntos a favor y en contra. Algunos representantes incluso solicitaron que fuera archivada, argumentando que esta no es suficiente para proteger a los menores y que el problema en estos casos no es el tiempo de la pena, sino la falta de herramientas de los entes judiciales para procesar a los culpables.

“Es así, que de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. Esta pena será revisable en un plazo de veinticinco años, es decir que transcurrido este tiempo de la condena, algunos expertos evaluarán al procesado para mantener la condena o dejarlo en libertad”, señala el comunicado emitido por el Congreso.

Adicional a ello, se propuso la formulación de una política pública integral que desarrolle la protección de los niños, niñas y adolescentes, fundamentada en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

En La Señal de la Mañana, Isabel cuadros, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto que trabaja contra el maltrato infantil, se refirió a este tema: “Pensamos que está bien que se debata la cadena perpetua, especialmente para los asesinos de niños. Pero si no se mejora la capacidad instalada, especialmente de la Fiscalía, pues realmente será un saludo a la bandera”, explicó.

Según la psicóloga, en datos registrados por el mismo ente acusador, el nivel de impunidad en Colombia es superior al 85 %, y se requerirían pruebas muy sólidas para que dentro de un proceso, se determine que un acusado es verdaderamente culpale y que se le podría imponer esta pena.

Para la asociación, es importante fortalecer el número de fiscales e investigadores especializados en delitos secuales para que los casos no se caigan en los juzgados. Así mismo indicó que están de acuerdo con que hay individuos que no pueden volver a salir a la sociedad y que según cifras del Inpec, hay delitos donde el nivel de reincidencia es muy alto.

“Hay individuos especialmente los que tiene la combinación de pedófilo psicosociopático, que abusa del niño o de la niña y además lo matan, ese individuo no puede salir a la sociedad, es importante que se ponga un límite… En Colombia hemos tenido asesinos de niños muy graves, como ‘El monstruo de los Andes’ o Luis Alfredo Garavito y que si usted no los frena, van a seguir cometiendo ese delito”, indicó Cuadro.

En cuanto a los abusadores sexuales, la psicóloga indica que en Colombia no existe ningún programa de rehabilitación para estos casos, muchos de los cuales están en las cárceles y que si en algún momento recobran la libertad, muy probablemente volverán a reincidir.

De no darse la cadena perpetua o como complemento a esta, la Asociación Afecto propone limitaciones poscondena tales como la prohibición para trabajar en colegios, hospitales, guarderías y cualquier lugar con presencia de menores de edad. Señaló también que las condenas actuales por estos delitos que rondan los 50 años, en muchos casos pueden ya aproximarse a una cadena perpetua.

Cabe resaltar que recientemente, se conoció que Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de prisión por la violación, tortura y asesinato de la niña Yuliana Samboní, habría recibido la redención de la pena, es decir que disminuirían de su condena dos meses, un día y 12 horas, según el juzgado tercero de ejecución de penas, por trabajo y estudio en la prisión.

Aunque la decisión se produjo a mediados de 2019, la información fue revelada por la representante a la Cámara por el partido Conservador, Adriana Magali Matiz, en medio de la discusión del proyecto de ley de cadena perpetua para estos casos, que tuvo lugar en los últimos días, hecho que también fue rechazado por Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, exsenadora y promotora del referendo para la prisión perpetua. De acuerdo con la congresista Matiz, con la cadena perpetua se busca que los condenados por este tipo de delitos tengan una opción de resocialización.

Por otro lado, a finales de marzo de este año, el general Nolberto Mújica director del Inpec, informó a medios nacionales que para ese momento la población carcelaria era de 123 mil reclusos, y que los centros penitenciarios del país cuentan con una capacidad de alrededor de 80 mil cupos, lo que se traduce en una aglomeración del 53%, cifras que también se deben tener en cuenta a la hora de aprobar la cadena perpetua en el país.

Según el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, no está permitida la pena de prisión perpetua. Es por esto que proyectos de acto legislativo como este y el presentado en el año 2013 que buscaban permitir la prisión perpetua revisable a partir de los 40 años de prisión, exclusivamente cuando la víctima de los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro o explotación sexual, sea un menor de 14 años o menor de 18 años con discapacidad, significarían un cambio drástico en la legislación colombiana.

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