Sneyder Pinilla declara ante la Corte Suprema y acusa a congresista Julio Chagüi
Este lunes, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, la Corte Suprema de Justicia escuchó el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y hoy testigo clave del escándalo de corrupción que compromete a congresistas, contratistas y funcionarios del Estado.
Pinilla declaró en contra del senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, y de Yacir Ramírez asesor de la subdirección de manejo de desastres de Gestión del Riesgo, a quienes señaló de haber intervenido en la gestión de un contrato multimillonario en el municipio de Sahagún, Córdoba.
Durante su declaración, Pinilla explicó que conoció al senador Chagüi a través de una reunión gestionada por Olmedo López, entonces director de la UNGRD, en la que se le pidió dar “trámite urgente” a un proyecto de mitigación de inundaciones en Sahagún. Posteriormente, Chagüi le entregó el contacto de Jorge González, secretario de Infraestructura del municipio, para avanzar en la formulación del contrato.
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Pinilla reveló que las conversaciones con el congresista fueron principalmente telefónicas, pero entregó a la Corte material probatorio de chats sostenidos tanto con Chagüi como con Yacir Ramírez, asesor de la Subdirección de Manejo de Desastres de la UNGRD.
En estos mensajes de Whatsapp se evidencia la coordinación de viajes, reuniones y ajustes técnicos al proyecto.
Uno de los mensajes aportados señala:
—Yacir: “Listo doc, ya coordino el tema para visita la próxima semana el miércoles. Viajo martes 12 y regreso el miércoles. Ya estoy solicitando los tiquetes.”
En otro intercambio, Pinilla le consulta a Ramírez sobre la aprobación de los viajes:
—Yacir: “Doc, qué pena, los tiquetes para el viaje mañana a Sahagún no están aún aprobados por dirección, falta la aprobación de dirección general y secretaria general.”
Pinilla, en respuesta, reenvió un mensaje en el que se pedía presionar por la agilización de documentos:
—“Doc, que pena, tenemos dificultades con la consecución de respuesta a cargo de Yasir Antonio, por favor presiónalo para que nos apoye con el documento, esta vencida.”
El proyecto en cuestión corresponde a obras de canalización y mitigación de inundaciones en el casco urbano de Sahagún, Córdoba, donde más de 15.000 personas se ven afectadas cada temporada de lluvias por desbordamientos.
El contrato fue evaluado en varias ocasiones, con observaciones técnicas que retrasaron su aprobación, hasta que finalmente fue viabilizado con un valor superior a los 22.090 millones de pesos.
Sin embargo, en los chats presentados por Pinilla ante la Corte se hace referencia a una cifra mayor. En un mensaje dirigido a Pinilla, el asesor Yacir Ramírez escribió:
—“La gente no aprende, insisten en mantener la palabra mitigación… así no aplica, tendría que enviarse. Yo les sugerí el nombre pero no entienden.”
A lo que Pinilla respondió:
—“Toca que lo cambien.”
En otro audio, Ramírez se quejó de las dificultades con la Alcaldía de Sahagún:
—“Hay un teléfono roto, esos manes de Sahagún se fueron por otro lado. Mire lo que me acaban de escribir, que ya lo tienen viabilizado por la subdirección de reducción. Entonces realmente no sé qué hacer ahí.”
Las pruebas también incluyen conversaciones directas con el senador Chagüi. En una de ellas, el congresista le pide a Pinilla:
—Chagüi: “Pásame el nombre del proyecto, porfa. El ministro va para Hacienda a hacer eso, me lo pidió.”
Pinilla le responde enviándole el contrato completo.
En otro intercambio, Pinilla le escribió:
—“Estoy en el PMU, senador.”
A lo que Chagüi contestó:
—“Tranquilo, era para comentarle que acabo de salir de reunión con el ministro del Interior. En la tarde hablamos, abrazo.”
La Fiscalía y la Corte Suprema investigan si el senador Julio Chagüi ejerció presiones indebidas para que el millonario contrato de mitigación de inundaciones en Sahagún fuera priorizado como “obra de emergencia”, una figura que permitiría la ejecución más rápida sin cumplir todos los requisitos técnicos.
Con estas nuevas revelaciones, el proceso avanza hacia determinar responsabilidades políticas y penales en un escándalo que ya compromete más de 28.000 millones de pesos en contratos dentro de la UNGRD y que sigue escalando en los tribunales de justicia.