Libertad de prensa: la agonía de un bien público, sin cuidados intensivos
Por: Carlos Alberto Chica
En el contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, el derecho a la información, el oficio periodístico, la libertad de prensa y la libertad de expresión agonizan lentamente, sin evidencia contundente de cuidados intensivos de alcance global.
El panorama es sombrío, en la antesala del 3 de mayo. En Europa no acaba la conmoción por el asesinato de dos reporteros españoles (David Beriani y Roberto Fraile) que realizaban un reportaje en Burkina Faso, donde en los últimos seis años grupos yihadistas han asesinado a 1.200 personas y desplazado a poco más de un millón.
Este año, desde Namibia y con el liderazgo de la Unesco, se celebrará la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa y se honrará con el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano, a la filipina María Ressa.
La reportera ha adquirido renombre internacional por sus trabajos de investigación de CCN en Asia, como jefa de noticias de ABS-CBN y directora del portal de noticias Rappler.
María Rasser ha enfrentado juicios; ha sido encarcelada por presuntos delitos en el ejercicio de su profesión, y ha vivido abusos, amenazas, acoso y discursos de odio en redes y plataformas digitales.
La lupa de Reporteros Sin Fronteras (RSF)
El periodismo, que es la principal vacuna contra la desinformación, está bloqueado total o parcialmente en 131 de 180 países, es decir, en el 73 por ciento de los casos (‘Reporteros sin Fronteras’ (RSF), clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021).
La evidencia prueba que por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria, los periodistas enfrentan nuevos obstáculos para acceder a la información, tanto en terreno como con las fuentes.
Hay un agravante. El barómetro Edelman Trust 2021 confirma que, en 28 países, el 59 por ciento de las personas encuestadas desconfían de los periodistas porque creen que engañan deliberadamente al público difundiendo información que, supuestamente, saben que es falsa. Con desconfianza, las audiencias descartan que el trabajo de los periodistas contrarreste la desinformación, las manipulaciones y los rumores.
Solo 12 países de 180 pueden aún jactarse de un entorno favorable para la información, entre ellos Noruega (1°), Finlandia (2°), Suecia (3°) y Dinamarca (4°). En adelante se indica entre paréntesis el lugar en la tabla.
Alemania (13°) salió del grupo porque decenas de periodistas han sido agredidos por manifestantes de movimientos extremistas o conspirativos, durante manifestaciones contra las restricciones sanitarias.
Los actos violentos crecieron más del doble en la Unión Europea y los Balcanes, comparado con el resto del mundo: 17%. Los ataques contra los periodistas y las detenciones abusivas aumentaron en Alemania (13°), Francia (34º), Italia (41º), Polonia (64º), Grecia (70º5), Serbia (93°) y Bulgaria (112º).
En Estados Unidos (44°), la hostilidad de Donald Trump contra la prensa tuvo efectos: el US Press Freedom Tracker ha documentado 400 ataques y 130 detenciones de periodistas.
En China (177°) la censura ha llegado a extremos sin precedentes y se mantienen intocadas la vigilancia y la propaganda en internet.
En la zona en roja también se encuentran la India (142º) y Rusia (150°) que ha desplegado su aparato represivo para limitar la cobertura mediática de las manifestaciones exigiendo la libertad del opositor Alexei Navalny.
El “trío totalitario” por excelencia está en la cola de la lista: Turkmenistán (178°), Corea del Norte (179°) y Eritrea (180°). En los dos primeros, es tan absoluto el control estatal que los medios no han reportado ni un solo caso de contagio por Covid-19.
Como se dice en el argot popular, el caso de Malasia es la tapa: descendió 18 lugares en la escala (119°). Un reciente decreto contra las noticias falsas otorga al gobierno, entre otras facultades discrecionales, “imponer su propia versión de la verdad”.
Colombia y su vecindario
En América Latina, la crisis del coronavirus aceleró la censura y desencadenó barreras de acceso a la información sobre la gestión gubernamental y generó innumerables tensiones entre las autoridades y los medios de comunicación.
Se han normalizado discursos que estigmatizan y debilitan la profesión periodística, acompañados de ataques cada vez más violentos contra los medios de comunicación y más procesos judiciales abusivos por parte de funcionarios gubernamentales o líderes políticos elegidos por voto popular. Perú (91°), Argentina (69), Brasil y Nicaragua son casos notables.
En Colombia, que descendió cuatro lugares en el escalafón (134°), proliferan campañas de difamación, intimidación y acoso en internet por parte de figuras públicas o entidades secretas; sobre todo mediante ataques coordinados contra mujeres periodistas.
Brasil (111°) entró a la zona roja de la lista porque los insultos, la estigmatización y las humillaciones públicas contra los periodistas se han convertido en la “marca de fábrica” del presidente Jair Bolsonaro, su familia y su círculo cercano; responsabilizan a la prensa para “encubrir su desastrosa gestión de la crisis sanitaria”.
“Ante las mentiras compulsivas del presidente y la falta de transparencia del gobierno en la gestión sanitaria, en junio de 2020 se creó una alianza sin precedentes que agrupó a los principales medios de comunicación del país”.
En Haití (87°) y Chile (54°) cubrir manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa.
En México (143°), Honduras y Colombia fueron asesinados 13 periodistas, la mayoría de los cuales investigaba casos de corrupción y redes de crimen organizado. La impunidad judicial retroalimenta el círculo vicioso de la violencia.
En Brasil y Ecuador, aventajados por Nicaragua y Venezuela, la prensa independiente agoniza, bien porque los gobiernos consideran a los periodistas “enemigos del pueblo” o porque, como en Cuba, no tienen reconocimiento legal o la Constitución prohíbe los medios privados.
La perspectiva de la Unesco
Según la Unesco, aumentan las amenazas que están debilitando a los medios de comunicación independientes y locales de todo el mundo, entre otras razones, porque la revolución digital cercena los modelos de negocios de la mayoría de medios independientes. No es un chiste: las pérdidas de sus ingresos en 2020 se estiman en 320.000 millones de dólares.
El impacto para las audiencias es nefasto: empiezan a escasear las noticias locales porque los medios cierran, se fusionan o se reducen, al tiempo que grupos políticos hacen fiesta y toman el control de los medios en dificultades.
Las condiciones para ejercer con dignidad y autonomía el oficio se deterioran: dos tercios de los periodistas de planta y de quienes trabajan como independientes han sufrido recortes salariales, han perdido sus trabajos o han sido notificados de la cancelación de proyectos, según una encuesta del Centro Internacional de Periodistas y el Tow Center de la Universidad de Columbia.
La Unesco también constata más agresiones a periodistas, mientras se debilitan las normas que protegen la libertad de expresión.
Un estudio sobre la violencia anticipa que el 73 por ciento de las mujeres periodistas encuestadas ha sufrido violencia en línea, como retaliación por su trabajo; se expresa mediante ataques misóginos coordinados, lenguaje de odio y amenazas de violencia sexual y física.
El Instituto Internacional de la Prensa registra 400 violaciones a la libertad de expresión en los medios de comunicación, relacionadas con la crisis sanitaria del Covid-19: restricciones de acceso a la información y excesivas regulaciones contra las noticias falsas (Fin/CCH).
