“La energía limpia es diez veces más barata”: Petro celebra la caída de tarifas y refuerza su apuesta por la transición energética
Las tarifas de energía eléctrica en Colombia comienzan a mostrar una reducción tangible. El más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) indica que, por primera vez en varios años, el costo de la electricidad ha disminuido de manera sostenida en el primer semestre de 2025. La tendencia rompe con la escalada tarifaria que afectó especialmente a las regiones más vulnerables del país durante y después del fenómeno de El Niño.
La caída en los precios de la energía coincide con la ejecución de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional para corregir los desequilibrios del mercado eléctrico y aliviar la carga sobre los usuarios residenciales. Entre estas se encuentran el pago estatal de la deuda por la opción tarifaria, la congelación temporal de tarifas en zonas críticas como la Costa Caribe, y la expedición de regulaciones que han facilitado la renegociación de contratos entre generadoras y comercializadoras.
Presidente Petro propone acelerar la transición energética
Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a estos datos este 11 de julio. “Aunque aún hay que dejar completar el año, en este medio año hemos tenido una caída real de las tarifas de energía eléctrica”, escribió el jefe de Estado, quien destacó que los precios deben ajustarse a los costos reales de generación “por tecnología, más una ganancia normal”.
El presidente también subrayó la importancia estratégica del crecimiento de las energías renovables. “La energía limpia es diez veces más barata que la energía en base al gas, al carbón o a derivados del petróleo”, afirmó, y propuso sustituir progresivamente las termoeléctricas por fuentes como la solar, la eólica, la geotérmica y la nuclear.
La posición del mandatario coincide con el enfoque que ha adoptado su Gobierno desde el inicio del periodo presidencial: priorizar la transición energética no solo como política ambiental, sino como mecanismo estructural para bajar las tarifas y reducir la desigualdad.
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Medidas que ya muestran impacto en el IPC
Aunque muchas de las acciones regulatorias fueron implementadas entre 2023 y 2024, su impacto acumulado comienza a reflejarse con claridad en los indicadores macroeconómicos. El DANE ha confirmado una baja en el componente de energía dentro del IPC, lo que contribuye también a una disminución en el índice de inflación general, que se ha moderado durante los primeros seis meses de este año.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la Resolución 40225 de julio de 2024, mediante la cual el Ministerio de Minas y Energía definió nuevos lineamientos para ajustar la regulación del sector. Esto incluyó herramientas para facilitar la titularización de la deuda por opción tarifaria, establecer mecanismos de traslado de beneficios a los usuarios y priorizar descuentos en las llamadas “áreas especiales” del país, como la región Caribe.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por su parte, ha trabajado en la flexibilización de garantías en el mercado eléctrico, en la revisión del precio de escasez y en mecanismos para que las empresas accedan a crédito público que les permita reducir las tarifas al usuario final.
La Costa Caribe, foco de intervención estatal
En departamentos como Atlántico, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, los efectos de estas políticas ya son notorios. Empresas como AIR-E y AFINIA comenzaron desde mediados de 2024 a aplicar rebajas del 4% al 4,4%, tras suscribir acuerdos con el Gobierno para recibir el beneficio del pago, por parte del Estado, de la deuda acumulada. Aunque estas cifras corresponden al año pasado, su efecto progresivo sobre los recibos de luz ha influido directamente en los indicadores de 2025.
Además de los alivios tarifarios, el Gobierno ha intervenido estructuralmente a empresas como AIR-E para corregir prácticas de tercerización laboral, suprimir cobros injustificados como el impuesto de alumbrado público, y garantizar nuevas inversiones en infraestructura energética. Estos cambios han sido acompañados de mesas técnicas y diálogos con todos los actores de la cadena del sistema eléctrico nacional, desde generadores hasta autoridades territoriales.
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Una visión de largo plazo
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que la reducción tarifaria no puede depender exclusivamente de subsidios o intervenciones temporales, sino de una transformación profunda del modelo energético. Para el mandatario, el objetivo es avanzar hacia un sistema más democrático, donde los costos se definan con base en la tecnología utilizada, el equilibrio ambiental y el bienestar social.
El mandatario ha reiterado que su deber constitucional es garantizar el acceso a los servicios públicos como derecho y no como un negocio que discrimina a los más pobres. Por esta razón, una de sus obsesiones ha sido cambiar el sistema desde sus cimientos.
En esa línea, el Ministerio de Minas y Energía anunció el pasado 6 de julio que convocará a empresas generadoras de energía para revisar las condiciones de los contratos bilaterales de compra-venta, en busca de fórmulas que permitan garantizar tarifas más bajas para los usuarios más pobres. El ministro expresó públicamente que el Gobierno está dispuesto a escuchar a las empresas para resolver la cuestión tarifaria.
Con una inflación controlada, tarifas en descenso y avances regulatorios en curso, el Gobierno busca consolidar una política energética que no solo enfrente las crisis coyunturales, sino que construya sostenibilidad económica, ambiental y social a largo plazo.
