El congresista Alejandro Ocampo denunció fraude en elección de contralor del Valle
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, anunció que interpondrá denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación contra la Universidad del Atlántico, por su presunta participación en un proceso fraudulento e inconstitucional para la elección del próximo contralor departamental del Valle del Cauca.
Según Ocampo, la Universidad del Atlántico, encargada de adelantar el concurso de méritos para esta elección, habría manipulado el proceso para favorecer a candidatos cercanos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. A pesar de que la Constitución y la ley exigen rigurosidad y transparencia, se habrían violado normas fundamentales que inhabilitan a varios aspirantes.
El artículo 272 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley 330 de 1996 establecen que no podrán ser elegidos contralores departamentales quienes hayan ocupado cargos públicos del orden municipal, distrital o departamental en el último año. Sin embargo, cinco aspirantes admitidos al proceso estarían claramente inhabilitados por esta razón.
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Se trata de Jefferson Andrés Núñez Albán, subcontralor de Santiago de Cali; Lina Marcela Vásquez Vargas, contralora de Palmira; Pedro Antonio Ordóñez, contralor de Cali; Jesús Mauricio Castañeda González, personero de Yumbo; y Harold Fernando Cerquera Castillo, contralor de Tuluá. Todos ejercen o han ejercido cargos de control fiscal o representación pública que los excluyen legalmente.
“El concurso está amañado, ya se sabe quiénes integrarán la terna sin siquiera presentar la prueba de conocimiento”, denunció Ocampo. Según el congresista, los tres nombres que serían favorecidos son Pedro Pablo Párales, Harold Cerquera y Lina Vásquez. Esta última, de acuerdo con el representante, cuenta con el respaldo político del cuñado de la gobernadora Toro.
“La Corte Constitucional ha sido reiterativa en que estas inhabilidades buscan proteger la autonomía del control fiscal y evitar que el poder se vigile a sí mismo. Aquí están violando todo eso con cinismo”, expresó Ocampo.
La Universidad del Atlántico habría publicado una lista de admitidos que excluye al 50% de los aspirantes, mientras que incluye a los candidatos inhabilitados.
Ante esto, el congresista exige la intervención inmediata de la Procuraduría, la apertura de investigaciones penales y disciplinarias, y la exclusión de los aspirantes cuestionados.
Finalmente, señaló que, “Vamos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Colombia necesita órganos de control independientes, no instrumentos de manipulación política”, concluyó.