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Gobierno, sectores progresistas y políticos reaccionan a la suspensión del aumento del salario mínimo vital

Líderes políticos y miembros del Ejecutivo rechazaron la decisión judicial y alertaron sobre sus efectos en el poder adquisitivo de millones de trabajadores.
Camila Rivera

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23,7 %, generó una fuerte reacción de rechazo por parte de sectores progresistas, miembros del Gobierno y figuras políticas afines al Ejecutivo, quienes calificaron la medida como un golpe a los derechos y la dignidad de los trabajadores.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue uno de los primeros en pronunciarse y aseguró que se trata de una decisión “contra la dignidad y los derechos de los trabajadores de Colombia”. Según afirmó, el Gobierno mantendrá su compromiso con la defensa del llamado salario vital y evaluará los pasos a seguir junto con el presidente Gustavo Petro. Sanguino advirtió, además, que la situación podría derivar en una convocatoria a movilizaciones sociales, incluso con escenarios como una huelga general o un estallido social, y recordó que ya está en marcha un proceso constituyente.

La medida del Consejo de Estado suspende de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno Nacional y ordena al Ejecutivo emitir y publicar, en un plazo máximo de ocho días calendario, un nuevo decreto que establezca un aumento salarial transitorio para el presente año. Este ajuste regirá mientras se profiere una sentencia definitiva dentro del proceso judicial.


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Desde el Congreso, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda calificó la decisión como “arbitraria y regresiva” y la señaló como un atentado contra las políticas sociales del Gobierno. En su pronunciamiento, Cepeda sostuvo que la suspensión del salario vital profundiza la desigualdad social y demuestra resistencia a reconocer derechos a los sectores más vulnerables. “El país cambió”, afirmó, al tiempo que anticipó que el rechazo a la medida se expresará en las calles mediante movilización social.

En la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, consideró que la decisión tiene un trasfondo político y acusó a las élites con influencia en el Congreso y las altas cortes de oponerse a políticas que beneficien a los menos favorecidos. Benedetti sostuvo que en las próximas semanas se evidenciará quiénes están del lado de los sectores populares y quiénes respaldan los intereses de las élites.

Por su parte, el precandidato presidencial Roy Barreras calificó la suspensión del incremento salarial como una “afrenta” y la describió como una decisión “insensible” frente a la realidad social del país.

Así mismo Irene Velez, Ministra de Ambiente aseguró que "los ricos de Colombia le niegan a los trabajadores la oportunidad de dignificar su remuneración salarial", expresando su desacuerdo con la decisión.

 

 La exministra Carolina Corcho rechazó la decisión del Consejo de Estado y calificó la suspensión del decreto del salario mínimo vital 2026 como un “exabrupto jurídico” que, según afirmó, invade las competencias constitucionales del presidente. Además, sostuvo que la medida constituye un caso de lawfare, al considerar que se trataría de un uso indebido de las instituciones judiciales en contra de los derechos de los trabajadores, y expresó su respaldo a la convocatoria a movilizaciones y paro nacional en defensa del incremento salarial.


 

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a la decisión del Consejo de Estado señalando que, aunque se suspendió el aumento del salario mínimo, el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores. Además, responsabilizó al Ejecutivo por la situación, al afirmar que no se puede “hacer conejo” a los empleados y advirtió sobre la necesidad de proteger a las empresas y evitar una mayor crisis económica y social en el país.
 
 

 La senadora Paloma Valencia pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro presentar de inmediato las modificaciones al decreto del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado. La congresista afirmó que su postura busca garantizar mejores ingresos para los trabajadores, pero también insistió en la necesidad de reducir la carga tributaria a los empresarios, al considerar que esto contribuiría a fortalecer la economía y el empleo en el país.


Las reacciones evidencian una creciente tensión política e institucional alrededor del salario mínimo y anticipan un escenario de confrontación social y movilización, mientras el Gobierno avanza en el cumplimiento de la orden judicial y se define el futuro del incremento salarial para los trabajadores colombianos.

 

 

 

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