Solo el 25 % de entes manejan bien los recursos para comunidades indígenas

Solo el 25% de los recursos para resguardos indígenas se manejaron de manera apropiada. Así lo dio a conocer el informe la Contraloría General de la República, tras realizar un proceso de fiscalización a los más de $1,04 billones del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas de Colombia, durante las vigencias de 2015 a 30 de junio de 2019.

Durante el proceso, el ente veedor, encontró 156 hallazgos fiscales por $16.776 millones de pesos que, advierte la Contraloría, dan cuenta de la gravedad del problema que significa el manejo de estos recursos.

Según el informe de la Contraloría, sólo el 25% de las de 200 entidades territoriales objeto de la actuación manejaron adecuadamente estos recursos; el 62% presentó fallas no tan graves y el 11% registró deficiencias generalizadas.

La Contraloría explicó que el 61.%, es decir 145 entidades territoriales, presentan deficiencias que impactan en el cumplimiento de los objetos de los proyectos para las comunidades indígenas.

Además, el ente de control precisó que “en 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos”.

La Contraloría informó que al revisar los contratos de ejecución de estos recursos, encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, presentan debilidades y la mayoría de los recursos son ejecutados en “compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena”.

Por último, el informe presentado reporta que no se ejecutan todos los recursos disponibles, además de que es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles.

“En cada vigencia se deben incorporar recursos del balance en cantidades importantes de la vigencia o vigencias anteriores, como consecuencia de la baja ejecución de los recursos”, recomendó la Contraloría General.