El USPEC deberá mantener el servicio de alimentación más allá del 30 de junio para evitar crisis humanitaria en cárceles
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) anunció que continuará prestando el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria, más allá del 30 de junio de 2025, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional mediante el Auto 897 de 2025.
La decisión busca proteger el derecho fundamental a la alimentación de las personas privadas de la libertad, especialmente aquellas en condición de sindicadas.
Aunque la Ley 2346 de 2024 había establecido que la competencia de la USPEC en esta materia culminaría el 30 de junio, la entidad deberá mantener el servicio hasta que las autoridades territoriales acrediten plenamente la implementación de esquemas alimentarios que garanticen continuidad, calidad, suficiencia y adecuación.
Así lo precisó la Corte Constitucional, al recordar que el principio de subsidiariedad obliga al Estado a evitar la vulneración de derechos fundamentales mientras se ajustan las capacidades locales.
Según la USPEC, “esta medida se adopta como respuesta a la necesidad urgente de evitar afectaciones al derecho fundamental a la alimentación” y para prevenir una eventual crisis humanitaria derivada de la suspensión del servicio.
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De igual forma, la entidad reiteró que esta obligación se enmarca en el Estado de Cosas Inconstitucional declarado desde 2013 en el sistema penitenciario colombiano, lo cual exige acciones estructurales y transitorias que protejan a la población carcelaria.
La Corte ha advertido que la garantía del derecho a la alimentación no puede estar sujeta a vacíos institucionales o retrasos administrativos por parte de los entes territoriales.
En palabras de la USPEC, “continuaremos brindando el servicio bajo los principios de dignidad, continuidad y universalidad”.
El organismo también hizo un llamado a los gobiernos departamentales y municipales para que avancen en la implementación de esquemas propios de suministro alimentario, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 2346 de 2024 y la Sentencia SU-122 de 2022.
Esta transición debe ser progresiva, coordinada y articulada con el Gobierno nacional, y garantizar la sostenibilidad del servicio.
Finalmente, la USPEC aseguró que seguirá trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y demás entidades, con el objetivo de asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
