Jueces rechazan investigación por irregularidades en caso Interbolsa por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Los jueces afirman que la carga procesal es exagerada y el sistema judicial no permite avanzar en los procesos del Fondo Premium e Interbolsa. Nueve acusados ya están en libertad.
Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, afirmó que rechazaron la petición del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, investigar cómo se están llevando a cabo los procesos penales en los casos de la defraudación de Interbolsa y el Fondo Premium al afirmar que: “las audiencias se han aplazado sistemática y reiterativamente y a la fecha no se han podido concluir”.
Para los jueces, según Hermes Lara, la carga procesal es exagerada y el mismo sistema judicial no permite avanzar en los casos:
“Los procesos penales requieren la asistencia de todos los implicados. En muchos casos no hay defensor, se dan cambios de jueces permanentemente y que el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) no pueda llevar al acusado a las audiencias, hace parte del problema. El sistema no proporciona las herramientas para que los jueces puedan ejercer”.
Sin embargo, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez sostuvo que: “Las únicas audiencias que se han realizado a tiempo son aquellas donde se solicita la libertad de los acusados pues a hoy, 9 de ellos ya se encuentran libres por vencimiento de términos”.
El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados insistió en que “la petición del fiscal Martínez no está ajustada a las falencias del sistema judicial” y aclaró que “es necesario revisar qué no funciona y aplicar correctivos que permitan a los jueves operar con libertad y prontitud”.
Pese al rechazo porque el Consejo Superior de la Judicatura investigue cómo se están trabajando los casos de Interbolsa y el Fondo Premium, Hermes Lara aceptó que es necesario realizar una investigación sobre qué está sucediendo.
Finalmente solicitó al Congreso de la República y a las autoridades nacionales que se den instrumentos viables para administrar la justicia que requiere el país.