Las voces de las víctimas que quieren luchar desde el Congreso

Por: Juan Carlos Lasso

Todos tienen en común el haber sobrevivido a un atentado o haber perdido a un ser querido. Llevan años con una petición común y es la de la paz en sus territorios, que en la mayor parte de los casos ha sido imposible por el fuego de actores armados, con intereses de tierras o negocios ilícitos. Son víctimas del conflicto y quieren legislar para cambiar una realidad que no les satisface.

Las aspiraciones de llegar al Congreso por parte de estas personas, en su mayoría de origen rural, venían gestándose desde hacía muchos años y habían tomado vuelo de esperanza tras la firma de la paz con la guerrilla de las Farc.

Sin embargo, la negativa del Congreso a las 16 circunscripciones especiales de paz, ha llevado a Soraya Bayuelo, Odorico Guerra, Luis Evelis Andrade, Aída Avella y María José Pizarro a desarrollar aspiraciones individuales al parlamento colombiano.

Soraya Bayuelo

Nacida hace 59 años en Los Montes de María (Bolívar), Soraya Bayuelo es víctima directa del conflicto armado por dos pérdidas: la de su hermano, asesinado por los paramilitares en 1998, en el Carmen de Bolívar, y la de su sobrina, quien murió producto de una bomba incendiaria que lanzaron las Farc contra un comerciante al que extorsionaban, en el año 2000.

Estas experiencias de vida la llevaron a fundar el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María con el que ha venido trabajando desde hace más de 15 años para demostrar que esa zona del norte del país tiene una vocación campesina y esta colmada de gente buena, que fue mancillada por las violencias de los paramilitares y la guerrilla.

Con ese Colectivo de Comunicaciones Bayuelo ganó el Premio Nacional de Paz y fruto de este también aspira a llegar a la Cámara de Representantes, con el aval del Partido Liberal.

“Me parece interesante descubrir de nuevo toda mi región, en clave del ejercicio político electoral y con una voz nueva, que promueve la educación y una mayor inclusión de las mujeres”, destaca Bayuelo.

Odorico Guerra

Afrodescendiente y con una mezcla entre San Basilio de Palenque (Bolívar) y Riohacha (Guajira), Odorico Guerra nació en Aracataca (Magdalena) y fue vocero en la Mesa Nacional de Víctimas por su departamento.

La historia de Guerra como víctima empieza en su pueblo natal, en donde su familia fue despojada de sus tierras. Posteriormente, primos y tíos suyos fueron asesinados en varios municipios del Magdalena, incluida la capital: Santa Marta, por grupos armados al margen de la Ley. Nunca se tuvo certeza si se trataba de guerrilla o paramilitares, explica.

“Es muy difícil determinar quiénes cometieron esos crímenes porque tú quedabas en el medio de esas fuerzas. Si ayudabas a uno, automáticamente, te convertías en el enemigo del otro. La sociedad civil no tenía opción porque quedaba en medio del fuego cruzado”, sostiene Guerra.

Siempre tuvo el liderazgo innato y gracias a sus estudios, logró convertirse en un líder comunitario en La Guajira. Posteriormente, regresó a Aracataca y desde allí se proyectó en defensa de las víctimas de su región.

Además, participó en las discusiones de varios proyectos de ley relacionados con víctimas, que se llevaron a cabo en el Congreso bajo el mecanismo de fast track o de vía rápida.

Ante el hundimiento del proyecto de Circunscripciones Especiales de Paz, decidió optar al Senado de la República con el aval del partido Alianza Verde.

Luis Evelis Andrade

De 50 años de edad y oriundo de Riosucio (Chocó), Luis Evelis Andrade, aspira a ser reelegido en el Senado de la República para seguir trabajando por el reconocimiento de los problemas de más de 30 pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio físico y cultural.

Andrade se posicionó como una figura representativa en el país por su gestión frente a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual desempeñó por más de nueve años y en la cual hizo que la opinión pública volviera a mirar a pueblos olvidados en los territorios más apartados del país.

En el 2014, llegó al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

“Hemos apoyado todo el proceso de paz, sobretodo, porque quienes hemos vivido el conflicto y hemos sido víctimas, entendemos que es importante que termine la guerra, que no se puede generar más desesperanza y creemos que las víctimas tienen derecho a ser reparadas y que se les restituyan sus derechos”, sostiene Andrade.

Este líder indígena recuerda que su familia fue desplazada de Riosucio (Chocó) por las pujas por territorio que se daban entre diferentes fuerzas en el año 1997. Andrade asegura que como la suya son muchas la familias que no pudieron regresar a sus lugares de origen y de ahí la idea de seguir trabajando en el legislativo.

Aída Avella

A los 69 años de edad, Aída Avella es una de las sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica (UP), que se dio entre finales de la década del 80 y mediados del 90. Hoy, dos décadas después, aspira al Senado de la República por la UP dentro de lo que se ha denominado como la ‘Lista de la decencia’.

Entre sus propuestas principales están: la defensa del agua de la megaminería; el acceso a una pensión para todos los mayores de 60 años en el país, la regulación de los ingresos de notarías y curadurías urbanas, el cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de restitución de tierras, salud y educación.

Avella sostiene que aunque fue víctima de varios atentados en su contra, en este momento también es necesario que alguien tome la voz por los líderes sociales que han venido siendo asesinados en diferentes zonas del país.

Plantea que el país debe conocer la verdad acerca de los crímenes que históricamente se han dado y manifiesta que es doloroso que sigan dándose muertes de líderes comunitarios, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos.

Además, Avella asegura acerca de su aspiración: “Yo creo que llegó el momento de los decentes, es necesario que el país sepa que si elige una persona decente, sacamos un corrupto. No solamente el Congreso entró en la espiral de corrupción enorme que hay en el país, sino también la propia justicia, las altas cortes, la propia empresa privada, que soborna y ayuda a los corruptos a comprar votos”.

María José Pizarro

Es la hija del inmolado comandante del movimiento 19 de abril (M-19), Carlos Pizarro Leongómez. María José Pizarro recuerda que desde los siete años sintió la persecución por ideas políticas, cuando junto con sus padres tuvo que salir del país para escaparle a la muerte.

“En el año 1986 fui exiliada política en Francia por amenazas a mi padre. Durante dos años estuve allí y cuando regresé, en el año 1988, nuevamente empezaron las amenazas. Sólo estuve 15 días en el país”, recuerda Pizarro.

A mediados de 1989, María José regresó a Colombia y el 9 de marzo de 1990 su padre, el comandante del M-19, firmó la paz con el Gobierno de Virgilio Barco. Sin embargo, la alegría de la paz sólo duraría hasta el 26 de abril de ese mismo año, cuando Carlos Pizarro fue asesinado.

María José afirma que no hubo justicia en cuanto al esclarecimiento del crimen de su padre y sumado a eso en el año 2002 volvió a ser amenazada.

Esto último la llevó a irse nuevamente a España, en donde estuvo hasta el año 2010. Los años en el país ibérico le sirvieron para llevar un proceso de reconocimiento de la diáspora colombiana y en el 2013 coordinó desde el Centro de Memoria Histórica todo un proceso de revisión del exilio colombiano por causa de la violencia.

María José Pizarro también aspira a la Cámara por Bogotá con la ‘Lista de la decencia’.