Persisten trabas para acceder al aborto en Bogotá y el Concejo estudia nuevas restricciones
Tres años después de la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, Bogotá muestra avances en la garantía de este derecho, pero también enfrenta riesgos de retroceso. Según la Secretaría Distrital de Salud, en la ciudad se practicaron 19.083 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2023 y más de 12.000 en el primer semestre de 2024, cifras que reflejan un aumento en la demanda del servicio.
La administración distrital ha implementado rutas integrales de atención, que incluyen acompañamiento en salud mental, asesoría psicológica y orientación en derechos. No obstante, las usuarias denuncian barreras recurrentes en la atención, especialmente por parte de algunas EPS. La Superintendencia de Salud ha impuesto sanciones a entidades como Compensar por negarse a autorizar el procedimiento o retrasarlo, afectando el acceso oportuno.
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A esta situación se suma la discusión en el Concejo de Bogotá del Proyecto de Acuerdo 340, que plantea evaluaciones psicológicas previas antes de acceder a la IVE. Para organizaciones feministas, la medida representa un obstáculo adicional y un retroceso frente a lo establecido por la Corte, pues refuerza la estigmatización y puede prolongar los tiempos de atención.
En entrevista con la Radio Nacional de Colombia, Laura Castro González, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, señaló que muchas mujeres, niñas, adolescentes y personas trans aún desconocen que pueden acceder a este servicio de manera gratuita y sin justificaciones hasta la semana 24. También denunció que la objeción de conciencia sigue aplicándose de forma indebida y colectiva por parte de instituciones de salud.
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“La decisión de abortar es personal y está respaldada por la Corte Constitucional. Lo que pedimos es que las instituciones eliminen las trabas y respeten este derecho sin barreras ni juicios”, afirmó Castro. La Mesa, que ha acompañado más de 3.000 casos en la ciudad, insiste en que la información oportuna es la mejor herramienta para sortear obstáculos y reducir la necesidad de tutelas o acciones judiciales.
Mientras las cifras demuestran un aumento sostenido en la práctica del aborto legal, la discusión política en el Concejo y las quejas por fallas en la atención mantienen encendido el debate sobre cómo garantizar que la IVE en Bogotá sea un derecho accesible, seguro y libre de estigmas.