Migración Colombia impidió el ingreso de 105 extranjeros por riesgo de turismo sexual infantil en 2025
Durante 2025, y con mayor intensidad en el segundo semestre, Migración Colombia reforzó los controles migratorios orientados a la protección de niñas, niños y adolescentes, una prioridad del Gobierno Nacional. El balance deja 105 ciudadanos extranjeros inadmitidos por posible turismo con fines de explotación sexual, como parte de una estrategia preventiva para impedir el ingreso de potenciales agresores al país.
Según la autoridad migratoria, estas decisiones se sustentaron en anotaciones administrativas, alertas de seguridad y cruces de información asociados a delitos contra menores de edad, lo que permitió actuar antes de que se materializaran riesgos en territorio colombiano.
¿Cómo se identificó a los viajeros considerados de riesgo?
Las entrevistas migratorias especializadas, el trabajo conjunto con la Policía Nacional y la cooperación con agencias homólogas internacionales fueron determinantes para detectar viajeros con antecedentes o perfiles compatibles con ofensores sexuales. En varios procedimientos, los funcionarios encontraron inconsistencias en el motivo del viaje y, en algunos casos, elementos de índole sexual en el equipaje, lo que activó protocolos de alerta.
Estas señales derivaron en inadmisiones inmediatas, enmarcadas en una política de prevención del turismo sexual infantil y de fortalecimiento del control fronterizo.
¿Qué muestran las cifras generales de inadmisiones y expulsiones?
Más allá de los casos asociados a la explotación sexual, Migración Colombia registró en 2025 un total de 3.368 inadmisiones de ciudadanos extranjeros por incumplir los requisitos legales de ingreso, así como cerca de 250 expulsiones por violaciones a la normativa migratoria.
Las principales causales de inadmisión estuvieron relacionadas con la falta de documentación exigida (915 casos), ausencia de visa cuando era obligatoria (638), información falsa suministrada a la autoridad migratoria (478), razones de soberanía o seguridad del Estado (425) y no contar con tiquete de salida (193). También se reportaron casos por agresiones a funcionarios (100), documentación falsa (17), información de inteligencia (96) y otras causas (506).
En los casos específicos de posible turismo con fines de explotación sexual, la mayoría de inadmitidos fueron ciudadanos estadounidenses, principalmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia).
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En el balance global por todas las causales, los ciudadanos venezolanos encabezaron las inadmisiones con 696 casos, seguidos por Estados Unidos (486), República Dominicana (316), Cuba (179), México (164), Ecuador (163), China (146), Perú (115), India (56) y Haití (50), además de otras nacionalidades que, en conjunto, sumaron 997 casos.
En cuanto a expulsiones, la entidad ejecutó 222 medidas, principalmente contra ciudadanos venezolanos (127), seguidos por República Dominicana (40), Ecuador (12), Estados Unidos (7), Irán (4), México (4), Chile (3), España (3) y otras nacionalidades (22).
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, reiteró que estas acciones responden a la directriz del presidente Petro de proteger de manera integral a la niñez. Subrayó que el control migratorio no se limita a aeropuertos y fronteras, sino que se extiende a hoteles, alojamientos y zonas turísticas, como parte de una estrategia continua de verificación y prevención.
“Cada inadmisión y cada expulsión son medidas preventivas para cerrar el paso al turismo de explotación sexual”, señaló la funcionaria.
Las acciones se desplegaron en los principales puestos de control migratorio del país, incluidos los aeropuertos El Dorado en Bogotá, José María Córdova en Medellín, Rafael Núñez en Cartagena y Alfonso Bonilla Aragón en Cali, así como en pasos terrestres estratégicos como Rumichaca (Ipiales), La Unidad (Cúcuta), Puente Simón Bolívar (Norte de Santander), Puente Páez (Arauca) y Paraguachón (La Guajira).
El balance, según la autoridad migratoria, reafirma el enfoque del Estado en cerrar la puerta a los agresores y fortalecer la seguridad y protección de la niñez frente a riesgos asociados a la movilidad internacional.