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JEP

Durante más de dos décadas, Paulina Mahecha ha convivido con una pregunta sin respuesta: ¿qué ocurrió con su hija María Cristina Cobo Mahecha? A sus 72 años, esta madre buscadora, residente en el Meta, continúa recorriendo el camino de la verdad y la memoria tras la desaparición de su hija en Calamar, Guaviare. Su historia refleja la lucha de miles de familias colombianas que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos y que, en medio del dolor, han encontrado formas de resistir y mantener viva su memoria.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó la exclusión del teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha al concluir que no realizó aportes verídicos, genuinos y efectivos al esclarecimiento de la verdad. Como consecuencia de esta decisión, perderá los beneficios otorgados por el sistema transicional y sus procesos volverán a la justicia ordinaria.
Más de 30 comparecientes de la fuerza pública participaron en Bogotá en una audiencia pública de consolidación de aportes de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de las investigaciones por asesinatos presentados falsamente como bajas en combate en el departamento del Guaviare entre los años 2002 y 2010.
Tras años de dolor, silencio y estigmatización, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguraron que los procesos restaurativos les han permitido limpiar el nombre de sus seres queridos.
Tras un proceso de 7 meses, 15 personas que fueron retenidas, desaparecidas y posteriormente presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Magdalena y Atlántico entre 2002 y 2008 fueron reconocidas como víctimas, y el Estado se comprometió a su restitución.
En audiencia ante la JEP, exmandos de las extintas Farc reconocieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, ocurrido en 2001 en el Caribe colombiano, dentro de los procesos de verdad del Caso 01 sobre secuestros.
En el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta una audiencia clave sobre la masacre ocurrida en 2005 en las veredas La Resbalosa y Mulatos, un hecho que dejó ocho víctimas, entre ellas cuatro menores de edad.
El fallo establece responsabilidad penal por hechos ocurridos durante operaciones militares en la región Caribe.