El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), continúa impulsando su política de Reforma Agraria con la restitución de tierras a comunidades campesinas e indígenas que durante años fueron desplazadas de sus territorios por megaproyectos o conflictos históricos.
En el departamento del Huila, 407 familias que fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo lograron recuperar 2.100 hectáreas de tierra, donde ya han comenzado procesos de cultivo de maíz, frijol y yuca. Esta entrega, liderada por la ANT, representa un acto de reparación y justicia territorial tras años de despojo.
"Este es un paso firme hacia el restablecimiento de los derechos de quienes fueron expulsados de sus tierras. Las comunidades no solo recuperan su territorio, sino también la posibilidad de construir futuro con dignidad", señaló un vocero de la Agencia.
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Las tierras devueltas forman parte del proceso de compensación por los impactos socioambientales que dejó el desarrollo de la hidroeléctrica, y marcan el inicio de una nueva etapa para las familias campesinas que por más de una década reclamaron justicia.
En el norte del país, en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, también se concretó una entrega significativa. Campesinos e indígenas del pueblo Zenú recibieron oficialmente la finca Simba, en una acción que fue posible gracias al diálogo sostenido entre el Estado, las comunidades y organizaciones garantes.
Este nuevo avance en el proceso de reforma agraria representa un reconocimiento a los derechos ancestrales y rurales sobre la tierra, y responde a una deuda histórica con poblaciones marginadas por décadas.