De la Guerra Fría a hoy: la historia de la descertificación de EE. UU. en la lucha contra las drogas
Tras la reciente decisión del gobierno norteamericano de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, es pertinente reconocer el trasfondo de este concepto, además de recordar la historia de su uso como mecanismo de calificación y presión sobre los países que llevan la carga social, económica y ambiental de la producción y el tráfico de las sustancias ilícitas.
Antecedentes de la certificación en la lucha contra las drogas
Al inicio de la Guerra Fría, los polos hegemónicos comenzaron un despliegue de diversas estrategias para lograr relaciones políticas más fuertes con los países de sus áreas de influencia, e incluso, para disputarse la colaboración de sus contrarios.
En este marco, Estados Unidos profundiza una agenda de “ayudas económicas” hacia América Latina, que luego organizó a través de la Foreing Assistant Act (Ley de Asistencia Extranjera) que promulgó en 1961. Esto dio las bases para el fortalecimiento de las acciones dentro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo - CID.
Con el tiempo, los gobiernos norteamericanos identificaron que era necesario ordenar y tener un control todavía más estricto de los procesos de las ayudas hacia los países extranjeros en los cuales mantienen intereses estratégicos, y sobre todo, mejorar las formas de garantizar que se cumplan a cabalidad los condicionamientos que les hacen a los países receptores.
De modo simultáneo, el tráfico de drogas ilícitas crecía aceleradamente, por lo que a mediados de los años ochenta, se generaron acciones para enfocar una parte significativa de las ayudas hacia la lucha contra el narcotráfico y para orientar de forma más precisa, los resultados que debían cumplirse a cambio de recibir recursos de cooperación en este tema.
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En este contexto, se impuso el proceso de certificación. Durante 1986, en el congreso de los Estados Unidos se prepararon normas antidrogas, que incluyeron actividades a desarrollar en otros países, entre las cuales se destaca esta forma de calificar los resultados que obtengan en la lucha contra las drogas, lo cual se empezó a implementar en el año siguiente.
El concepto de certificación o descertificación se emite anualmente, y se basa en informes de inteligencia militar, elaborados por la Drug Enforcement Administration - DEA, aunque en la práctica, pueden considerarse múltiples fuentes y argumentos relacionados con la producción y tráfico de drogas ilícitas.
En la actualidad, 23 países son evaluados por los Estados Unidos, con el propósito de certificarlos o descertificarlos en la lucha contra las drogas; 17 de estos son latinoamericanos y Colombia, tiene el lugar más relevante, ya que históricamente, somo el principal productor mundial de cocaína.
Sin embargo, el país ha logrado juiciosamente mantener su certificación, con excepción de los años 1996 y 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, recuperándola al año siguiente, así como en la actualidad, cuando el gobierno de Donald Trump ha emitido su concepto de descertificación.
Ser o no ser: condicionamientos de la certificación
Las certificaciones internacionales se pueden dar en muy diversos temas y de modo bilateral, por lo que principalmente se generan en cuanto a productos que se comercian entre los países que las emiten, de parte y parte, como es el caso de las certificaciones de calidad.
En contraste, la certificación en la lucha contra las drogas se puede considerar una modalidad atípica de certificación, en la que se pone de manifiesto la disparidad entre los dos países involucrados en la decisión, porque Colombia por ejemplo, no puede calificar el trabajo que hace el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra las drogas al interior de su país, dado que la relación se ha establecido entre el país poderoso (que se atribuye el derecho de certificar) y el país al que se le asigna el concepto (el que puede ser descalificado y se busca castigar, por cuenta de la decisión).
Además, a pesar de los importantes cambios en los conocimientos sobre el tema, los criterios en que se basa la certificación no han incorporado los avances en esta materia. Por tanto, se sigue basando principalmente en la estimación de las áreas sembradas y de las toneladas producidas, sin observar la inversión de recursos propios que realizan los países, los procesos de largo plazo que se adelantan con las comunidades, las políticas sociales y económicas complementarias para hacer sostenibles producciones alternativas a largo plazo, las estrategias de salud pública, la lucha contra el consumo de sustancias, la desarticulación de las estructuras criminales, la persecución de las finanzas ilegales, entre otros.
La obediencia se refleja en la certificación, pero no siempre en los resultados de la lucha contra las drogas
A juzgar por los mismos resultados que se exigen a los países para ser certificados, tanto las ayudas económicas, como la certificación misma, tienen efectos moderados en la lucha contra las drogas. Las interpretaciones de estos resultados son relativas, pues, aunque no se alcancen cambios significativos en estos, también se incluyen apreciaciones cualitativas sobre la disposición y posturas de los gobiernos frente a las formas de combatir el narcotráfico.
Pero lo más importante, es que, a pesar de los avances técnicos, es muy difícil estimar con suficiente confianza los logros en cuanto a las áreas cultivadas y la producción, puesto que las organizaciones ilegales también desarrollan mecanismos para obstruir la búsqueda de información y por la naturaleza de la actividad, se esfuerzan por ocultar las verdaderas dimensiones del negocio.
En este sentido, uno de los datos más fiables entre los resultados de la lucha contra las drogas es el de las incautaciones. Paradójicamente, este es un indicador que favorece al país, pues el gobierno nacional y la fuerza pública han tenido importantes logros persiguiendo estructuras criminales y decomisando toneladas de cocaína, pese a lo cual, el país ha sido descertificado.
Consecuencias de la descertificación
A juzgar por los mismos resultados que se exigen a los países para ser certificados, tanto las ayudas económicas, como la certificación misma, tienen efectos moderados, que se van perdiendo a medida que pasa el tiempo, pues, en cualquier caso, es necesario continuar luchando contra las drogas, más aún cuando se cree que las políticas no han sido suficientes. Por otro lado, cuando el país está certificado y recibe las ayudas sin objeciones, el narcotráfico se ha fortalecido, y ha logrado ajustarse a las presiones de la lucha contra las drogas.
Si bien, a fines de los noventa, no se realizó una evaluación exhaustiva de las consecuencias con la descertificación que se dio en el gobierno de Samper, es posible que los efectos hayan sido limitados, pues Estados Unidos optó principalmente por sanciones diplomáticas, como suspender la visa al expresidente, pero continuó preocupándose por dotar de recursos, así como ayudas técnicas y militares para no perder su incidencia en la determinación del rumbo de las políticas antidrogas.
De hecho, esto es lo que se espera ante la descertificación, pues no sería comprensible que se identifiquen problemas en los resultados de la lucha contra las drogas, y que, por ello, se limiten todavía más las políticas y los medios económicos para este fin.
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En la actualidad, la descertificación se ha emitido como un concepto “sin sanciones” tal como lo expresó el presidente Petro en el Consejo de Ministros del 16 de septiembre, en el que informó sobre esta decisión, mientras que el gobierno de Estados Unidos sigue reconociendo que el país es un socio clave en la lucha contra las drogas.
El presidente colombiano también indicó que debía realizarse lo pertinente, para monitorear si suceden o no efectos que puedan atribuirse a la descertificación, pero que no cedería ante las presiones.
De acuerdo con esto, el país continúa su compromiso con la Política Nacional de Drogas, que se implementa desde 2023, en la cual se desarrolla un nuevo enfoque integral en la lucha contra esta sustancias, impulsando impactos sociales y económicos, más allá de las medidas tradicionales de áreas sembradas y toneladas producidas.
Debe tenerse en cuenta que el enfoque tradicional puede generar resultados coyunturales en estos indicadores, pero que, un cambio efectivo y sostenible que permita contrarrestar a fondo el narcotráfico, requiere integrar alternativas sociales y productivas, para atender las causas de este problema, y no solo algunas de sus consecuencias.