El presidente Gustavo Petro intervino este jueves en el Foro de Descentralización Diferencial y Control de Recursos Públicos, organizado por la Contraloría General de la República, con un mensaje enfático: la descentralización no puede seguir siendo una promesa incumplida ni un trámite técnico, sino un proceso estructural de redistribución de la riqueza y de las prioridades del Estado colombiano.
Retomando el acto legislativo aprobado en 2024, que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), el mandatario señaló que el país se encuentra en una etapa decisiva para transformar el modelo institucional de asignación de recursos, y advirtió que lo que está en juego no es solo la eficacia del gasto público, sino la legitimidad democrática del Estado en los territorios.
“No son las sociedades que se adaptan a las instituciones, son las instituciones que se adaptan a la sociedad para que puedan ser legítimas y eficaces”, sostuvo Petro. Y fue más allá: “Hemos creído, como los monarcas, que las instituciones son jefaturas sobre la sociedad. Es un discurso profundamente antidemocrático”.
Un modelo jerárquico funcional a la corrupción estructural
El presidente alertó sobre un problema de fondo que atraviesa las instituciones públicas: la jerarquización del poder como instrumento de control y exclusión.
“El cambio de la jerarquización tiene que ser el cambio en una sociedad democrática. No nos gobiernan reyezuelos o mafias, nos gobierna el pueblo”, expresó.
Desde esa crítica, denunció el rol de una tecnocracia centralizada que ha perpetuado un modelo ineficiente y profundamente desigual. “La corrupción nacional es mucho más grande que la corrupción local. Por eso el debate de que no se debe descentralizar por la corrupción es falso”, dijo. Y agregó: “La tecnocracia nacional es funcional a los grandes eventos de corrupción”.
Recordó que en sectores como la salud, las vías 4G, el FOMAG y las regalías se han perdido decenas de millones de pesos. “Hay algoritmos que facilitan que el dinero público vaya al arca privada. No es concebible que la plata que se les paga a los concesionarios de vías vaya a los bancos de los propietarios de las concesionarias. Entonces no estamos pagando obras, estamos pagando una renta”.
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El sentido profundo de la descentralización: redistribuir poder y cuidar la vida
Para el presidente, la descentralización no es solo un reacomodo administrativo, sino una transformación política y cultural. “Democratizar significa entregarle el poder directamente a la ciudadanía, no a los políticos, no a estructuras que simulan participación social sin transformarla realmente”.
Advirtió que este proceso implica un cambio en el centro del poder: “Con más recursos y con la capacidad de resolver problemas desde lo local, el rol del presidente de la República será menos relevante. En cambio, adquirirán más peso los alcaldes”.
Desde su perspectiva, el objetivo último es garantizar condiciones para que la vida florezca, especialmente en el núcleo familiar y en las regiones históricamente excluidas. “La esencia del Estado es cuidar la vida humana. Y si el dinero no da para cuidar la vida humana porque lo estamos guardando torpemente en las arcas de los concesionarios o de los dueños de los bancos, esto no tiene sentido”.
Educación y salud: más presupuesto, pero sin transformación
Petro explicó que gracias a su reforma tributaria, las transferencias a los municipios aumentaron del 22% al 30%, lo que representa un salto histórico sin necesidad de cambiar la ley ordinaria. Sin embargo, advirtió que ese aumento no se ha traducido en mejoras sustanciales.
“Pasamos de 50 a 70 billones de pesos en educación en apenas dos años y medio. Ese aumento debería verse reflejado en una mejora real en la educación. Pero no la vemos”, dijo. Y atribuyó esa parálisis a una política deliberada de desmontaje del sistema educativo por parte de los gobiernos de Pastrana y Uribe: “Primero para darle el dinero a los banqueros, y luego a la guerra. Ese fue su negocio”.
Sobre el sistema de salud, criticó que la red pública municipal esté abandonada mientras las EPS priorizan las clínicas privadas de sus dueños, esto como una falencia del sistema actual de salud, que permite que las aseguradoras, en lugar de impulsar la red pública, destinen los recursos públicos a generar ingresos adicionales para empresas privadas que usan la salud para enriquecerse. “Por eso se desplazan pacientes desde Riohacha hasta Bogotá. Porque las clínicas de los propietarios de las prestadoras se encuentran en la capital”.
El agua, la crisis climática y la urgencia de una mirada territorial
El mandatario también abordó la crisis del agua potable como un síntoma de la desarticulación territorial del Estado. Cuestionó los indicadores oficiales y la ausencia de políticas reales de restauración ecológica. “La mayoría de los colombianos no toma agua potable, salvo en unas pocas regiones. Y esas también están siendo afectadas por la crisis climática”.
Criticó el enfoque de Bogotá ante el racionamiento: “Su problema no era racionar el agua, era otro: hay que resembrar la selva y la sabana. Si no lo hacemos, no habrá solución al problema del agua. Pero como eso afecta intereses económicos —porque los urbanizadores financian campañas y tienen alcaldes—, el modelo se perpetúa”.
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Cuidar es gobernar: la familia como núcleo del nuevo Estado
El jefe de Estado reiteró que la descentralización debe permitir construir una sociedad del cuidado, donde el Estado garantice tiempo y recursos para que las familias puedan criar. “La mejor política de seguridad es que las madres y padres puedan criar a sus hijos. Eso no aparece en la prensa, ni en los discursos políticos”.
Citó como ejemplo lo que propuso en la consulta popular: reducir la jornada laboral para que las madres puedan abrazar a sus hijos. “Colombia será grande si logramos eso”, concluyó.
“Este gobierno ya aumentó las transferencias. Ahora hay que redistribuir con eficacia”
El mandatario aclaró que los avances en transferencias ya han tenido lugar durante su gobierno, sin que eso se traduzca automáticamente en eficiencia del gasto. “Este gobierno, sin proponérselo, pasó del 22% al 30% en transferencias. Eso, en la práctica, equivale a dar un salto similar al que ordena la Constitución, del 30 al 40%. ¿Por qué ocurrió? Por nuestra reforma tributaria”.
Lamentó que una decisión de la Corte Constitucional que tumbó parte de la reforma para proteger a las petroleras y carboneras haya creado un desequilibrio fiscal. “La norma está desfasada: debería incluir un mecanismo de estabilización. Si baja la reforma tributaria, deberían bajar también las transferencias. Pero aquí no. Eso crea un hueco fiscal enorme: negativo para la Nación, pero —entre comillas— positivo para los municipios”.
El nuevo pacto territorial debe ser con las comunidades, no con las élites
El presidente concluyó su intervención advirtiendo que la planeación territorial debe dejar de estar en función de los grandes intereses económicos. La ley, explicó, debe ser un foro abierto para escuchar la percepción y necesidades de todos los sectores. Debe responder a las necesidades puntuales de las comunidades y no a los grandes proyectos de infraestructura que fortalecen sectores económicos poderosos, incrementando la desigualdad territorial y nacional.
Desde esa premisa, el presidente no habló de tecnicismos legislativos, sino de una visión de país: descentralizar para vivir dignamente. Redistribuir el poder para cuidar. Financiar la vida, no las rentas.