Combustible en la mira: Gobierno endurece control en zonas con narcotráfico y minería ilegal
En una nueva medida para frenar el uso ilícito de hidrocarburos en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Defensa Nacional, emitieron la Circular Conjunta 40008 en abril de este año. La normativa busca reforzar los controles administrativos y operativos en la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.
La circular establece que todos los agentes de la cadena de distribución de combustibles –refinadores, importadores, almacenadores, distribuidores mayoristas y minoristas, transportadores y grandes consumidores– ubicados o con actividad en los diez departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos deben presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE).
Este certificado, expedido por el Ministerio de Justicia, debe ser remitido a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía para la actualización de sus requisitos en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM).
Lee también
- Laura Sarabia renunció a su cargo como Canciller de Colombia
- Los profesores del país tendrán un incremento salarial mayor a los funcionarios públicos
Los departamentos señalados en el comunucado son: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, zonas identificadas por su alta vulnerabilidad frente al uso indebido de hidrocarburos en actividades relacionadas con el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales.
Según cifras oficiales, de los más de 2.900 agentes registrados en estas regiones, cerca de 1.400 cumplieron con el trámite, mientras que 645 aún se encuentran en proceso y 855 no han iniciado. Estos últimos se distribuyen en 423 municipios de los departamentos mencionados.
Como medida inmediata, las autoridades aplicarán un bloqueo temporal en la compra de combustibles a estos agentes, vigente del 3 al 10 de julio. Si no se subsana el incumplimiento en este lapso, se procederá a un nuevo cierre por 15 días calendario. En caso de persistir la omisión, se procederá con la cancelación definitiva del registro, lo que impedirá a estos actores seguir comprando o comercializando combustibles.
