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Presidente Petro cuestiona la contratación pública y anuncia resolución para frenar la corrupción

Presidente Petro anunció una resolución para prohibir tribunales de arbitramento internacionales en contratos estatales, al criticar que favorecen a contratistas y afectan al Estado.
Gustavo Petro: reformas a contratación pública
Foto: Flickr Presidencia
Sary Tovar

En el marco del lanzamiento de la licitación para la construcción del proyecto Aerocafé, prometido desde 1985 en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas al sistema de contratación pública en Colombia y advirtió sobre la necesidad de reformas para evitar que el Estado siga perdiendo recursos en litigios internacionales.
 

El mandatario recordó que la iniciativa de Aerocafé ha enfrentado por décadas un “impasse jurídico” que ha frenado su ejecución, lo cual ejemplifica, según él, cómo la contratación en Colombia termina siendo más un asunto de abogados que de ingenieros.
“La contratación en Colombia generalmente termina siendo un asunto de abogados y no de ingenieros. Hay una especulación permanente alrededor de las licitaciones: quienes ganan, muchas veces, no son los mejores, sino quienes buscan un dinero fácil”, señaló el jefe de Estado.


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Asimismo, explicó que este fenómeno se da por errores premeditados en los pliegos de contratación, donde funcionarios corruptos facilitan el camino para que empresas demanden al Estado y obtengan millonarias indemnizaciones. El problema, agregó, se agrava cuando los contratos incluyen cláusulas que trasladan los litigios a tribunales de arbitramento internacionales, casi siempre ubicados en el país de origen del contratista extranjero.
 

“De esa manera, los contratistas siempre ganan y el Estado termina perdiendo enormes sumas de dinero”, afirmó el presidente.


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Ante esta situación, el presidente Petro anunció que el Gobierno expedirá una resolución que prohibirá al Ejecutivo firmar contratos que incluyan la obligatoriedad de acudir a tribunales de arbitramento extranjeros en caso de conflictos.
 

“Ningún contrato del Ejecutivo nacional debe firmarse cuando el contratista exige que el tribunal de arbitramento esté en su país. Los conflictos deben dirimirse en la justicia pública nacional, no en comités privados de arbitraje que muchas veces se han convertido en un negocio político y en un foco de clientelismo judicial. Eso debe terminar”, Concluyó. 
 

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